La reforma tributaria, que se encuentra en trámite y discusión en el Congreso de la República, es tal vez la más ambiciosa que el país haya conocido. En 20 años, se han aprobado e implementado doce reformas tributarias donde la mayor estimación de recaudo se dio en el año 2016 con 15,7 billones de pesos. El proyecto radicado por el ministro Ocampo busca recaudar 25 billones, que representan el 1,7% del PIB.
Estos recursos vendrían en un 32,5% de personas naturales; 28,1% con recursos del subsuelo; 20,4% de personas jurídicas; 10,2% de impuestos saludables y ambientales y otro 8% de medidas como la eliminación de los días sin IVA, los impuestos a las importaciones de origen, zonas de frontera y zonas francas.
A nivel sectorial la minería, el transporte, el almacenamiento y la industria son los sectores que registran mayores niveles en la tarifa efectiva de tributación. Para el caso de la minería, los impuestos planteados representan una amenaza para la industria del carbón, para miles de puestos de trabajo y para la estabilidad de las finanzas del departamento y nuestros municipios.
Lo que hoy se está planteando es un impuesto a las exportaciones del 20%, es decir, se grava el ingreso y no la utilidad. Y, además, una sobretasa al impuesto sobre la renta del 5%.
En La Guajira, el sector de minas y canteras representa el 46,1% del PIB (2021). Pero esta reforma podría desencadenar impactos en términos de empleo, inversión social y encadenamientos productivos que genera el sector en el departamento.
Para el caso puntual de Cerrejón, en 2021 generó 11.000 empleos entre trabajadores y contratistas, de los cuales el 60% son guajiros. Miles de familias guajiras dependen directa o indirectamente de la empresa.
La inversión social para el 2021 superó los 20 mil millones de pesos, una cifra significativa teniendo en cuenta los desafíos sociales enormes que tiene el territorio. Frente a los encadenamientos productivos, el año pasado, desde Cerrejón se hicieron compras y contratos de servicios en La Guajira por más de 2,4 billones de pesos.
Por el lado de las finanzas públicas, La Guajira es un territorio altamente dependiente de las transferencias de la Nación, regalías y con una baja capacidad de recaudo tributario. En ese sentido, el sector minero de La Guajira generó en 2021, 1,38 billones de impuestos sobre la renta, pagó 383.000 millones en regalías y más de 39.000 millones de pesos en impuestos locales y regionales.
La Guajira es un territorio con una insuficiencia de bienes públicos, con unos retos enormes en reducción de pobreza y cierre de brechas, pero que se ha venido posicionando como un hub energético.
No obstante, con el proyecto de ley de la reforma, el sector minero energético pasaría a tener una tarifa efectiva de tributación de hasta el 90%, lo que desestimulará las inversiones en un sector llamado a aportar al desarrollo y a la competitividad del departamento de La Guajira.
Desde la Asociación Nacional de Empresarios – ANDI, se considera que esta propuesta de reforma, con esa proyección de ingresos de origen tributario, sin duda alguna, afectaría gravemente la inversión, el empleo y, en general, a las familias colombianas.
Es totalmente cierto que se deben hacer todos los esfuerzos para cumplir con la regla fiscal, disminuir el déficit y el desbalance en el fondo de estabilización de la gasolina. Es conveniente realizar una reflexión sobre otras maneras de poder afrontar esta situación, dejando como última alternativa los cambios en la estructura tributaria.
La mejor reforma tributaria se logra a través del crecimiento económico, la formalización y la lucha contra la evasión, que se debe complementar con austeridad en el gasto público y disposición de activos no estratégicos o improductivos de la nación.
