Yo también estuve en La Guajira con ocasión de la visita que hizo el presidente Petro y su equipo de gobierno, pero a mí no me afectó ningún malestar por la calidad del agua: los guajiros nacemos inmunes, pero nos mata el hambre.
Visité algunas comunidades que me querían manifestar de manera directa los problemas que los están afectando, como por ejemplo el aprovechamiento personal que hacen algunas autoridades tradicionales de los recursos que son transferidos para los resguardos indígenas, y los utilizan es para vivir como jeques árabes, con carros de alta gama y blindados.
Sin embargo, me voy a referir es al despojo de tierras a las comunidades wayuú, con el apoyo de jueces y policías. Como por ejemplo en los proyectos relacionados con la megacárcel de Riohacha, relleno sanitario, laguna de oxidación, oleoducto, torres de transmisión de energía eólica, entre otros.
La comunidad indígena wayuú ha sido testigo de la historia, resistiendo el paso del tiempo y manteniendo sus tradiciones en conexión con la Madre Tierra y arraigadas en la oralidad. Pero una sombra oscura se ha cernido sobre su territorio en los últimos años, amenazando su existencia y arrebatándoles lo más preciado: sus tierras, de las que han sido sus guardianes durante siglos.
Aunque la Constitución y diversas leyes protejan los derechos de los pueblos originarios, la realidad es muy diferente y se ha creado un conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena. De nada sirve el artículo 63 de la Constitución Política al establecer que las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y los Alijunas, es decir, los no indígenas, han encontrado esa brecha para apropiarse de las tierras ancestrales, utilizando la formalidad legal y los documentos escritos como herramientas para el despojo.
Desconociendo que, para los wayuú, su identidad y propiedad están arraigadas en la oralidad y la memoria colectiva, lo que no siempre queda reflejado en papeles y escrituras.
El juez, sin indagar en la riqueza cultural y jurídica wayuú, para quienes un cementerio familiar tiene más sentido de pertenencia que cualquier escritura, se ha convertido en una figura carente de comprensión y sensibilidad, para resolver a favor de los terceros y ordenar el desalojo de los wayuú, ante la falta de reconocimiento de la jurisdicción especial indígena, avalada por la Corte Constitucional, dejando a los indígenas sin una protección efectiva de sus derechos y su modo de vida.
Es necesario comprender que la relación de los wayuú con su territorio trasciende el concepto de propiedad individual. Para ellos, la tierra no es un bien mercantilizable; es parte de su identidad colectiva, de su espiritualidad y cosmovisión. Cada cerro, camino, río, cementerio y desierto lleva consigo historias y conocimientos de generación en generación. La oralidad es su patrimonio, la forma de conservar su herencia y proteger su cultura.
Las disputas territoriales de Alijunas y wayuú han provocado el desplazamiento forzado de familias enteras y la ruptura de la armonía con la naturaleza. La sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y la degradación del medio ambiente amenazan la supervivencia de las futuras generaciones wayuú, y con ello, la de todos nosotros.
La Corte Constitucional tiene ante sí una responsabilidad histórica. Debe reconocer y respetar la jurisdicción especial indígena como un pilar fundamental de la diversidad y la justicia en Colombia. Es imperativo que se analice y comprenda la importancia de la oralidad y la ancestralidad en la concepción de propiedad de los wayúu. No se puede legislar sobre los territorios indígenas únicamente desde la perspectiva de la jurisdicción ordinaria, desconociendo sus derechos colectivos y su manera de ver e interpretar el mundo.
En esta encrucijada, debemos mirar hacia el pasado para aprender de las enseñanzas de nuestros ancestros y hacia el futuro para construir una sociedad en la que todas las voces y culturas sean escuchadas y valoradas.
El Alijuna y el wayuú deben encontrar un punto de respeto y justicia como cimientos de una convivencia armónica. La protección de los derechos de los wayuú es un compromiso que no puede esperar, es una deuda histórica para saldar avanzando hacia una sociedad más inclusiva y justa.
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí…
