Durante décadas la política exterior de Colombia ha orbitado servilmente alrededor de Washington. Cada presidente, con mínimas excepciones, ha sabido decir con perfecta dicción el infame “Yes, sir”, que define nuestra diplomacia. Ese patrón de subordinación se intensificó durante el Gobierno de Iván Duque, cuando se ofreció el territorio colombiano como base de operaciones para la aventura intervencionista de Donald Trump contra Venezuela en 2019. Aquel episodio —disfrazado de un inocente concierto por la ‘libertad’ en la frontera— terminó siendo una demostración grotesca de dependencia política, improvisación diplomática y pérdida de soberanía.
Con el regreso de Trump a la Casa Blanca en su segundo mandato, la relación con América Latina se redefine bajo un signo aún más autoritario. Su lema Maga (Make America Great Again) se ha transformado en una obsesión imperial por someter al mundo a sus pies, incluso a costa de desencadenar una crisis económica y social global. La imposición de aranceles, la criminalización de los migrantes y la manipulación de las redes políticas de extrema derecha, forman parte de su estrategia para proyectar fuerza y compensar sus debilidades internas.
Pero, el tablero latinoamericano ya no es el mismo de 2018. Trump se ha encontrado ahora con gobiernos que, aunque diversos en orientación, reivindican su autonomía. En el caso de Colombia, el presidente Gustavo Petro ha dejado claro que su país no será más la base del imperio para acceder al petróleo venezolano ni el peón de ninguna cruzada ideológica. Su postura frente al genocidio en Gaza, su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y, especialmente, su respuesta a la humillación migratoria impuesta por Washington —al negarse a recibir vuelos con connacionales deportados y encadenados como animales—, constituyen actos de soberanía inéditos en la historia reciente del país.
Esa decisión de enviar aviones de la Fuerza Aérea Colombiana para repatriar a los ciudadanos fue más que un gesto diplomático: fue un mensaje de dignidad. Y, como era de esperarse, otros gobiernos latinoamericanos lo siguieron, evidenciando un incipiente despertar regional frente al viejo orden de la sumisión. La reacción de Trump no se hizo esperar: amenazas, descertificación en materia de narcotráfico, acusaciones de debilidad institucional, una ofensiva mediática y la aceptación de una usurpación diplomática orquestada desde la extrema derecha colombiana, representada en congresistas y alcaldes de grandes ciudades.
El magnate neoyorquino entiende que invadir Colombia sería un error monumental. En cambio, apuesta por la conspiración política y la guerra informativa, utilizando a sectores opositores internos para desestabilizar al Gobierno progresista de Petro. La operación busca impedir, a toda costa, la continuidad de un proyecto político que reivindica la soberanía, la justicia socioambiental y la autodeterminación de los pueblos.
El reciente discurso de Petro ante la ONU resultó insoportable para Trump no solo por su contenido, sino por el escenario: en la misma casa donde el presidente estadounidense exige ser tratado como intocable, un mandatario latinoamericano lo señala directamente por crímenes de guerra en el Caribe, donde bombardeos recientes dejaron más de veinte muertos —entre ellos algunos colombianos— bajo la ambigua excusa del combate al narcotráfico. El silencio mediático de Washington, la descertificación del país y la anulación de la visa del presidente Petro confirman que la relación bilateral atraviesa su peor momento en décadas.
La tensión alcanzó su punto más alto cuando durante un mitin en Times Square paralelo a la Asamblea General de la ONU, Petro hizo un llamado directo a los soldados norteamericanos: les pidió “no disparar contra la humanidad” y “desobedecer las órdenes criminales de sus superiores”.
Para muchos sectores conservadores, sus palabras fueron inadmisibles. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico y ético, la exhortación de Petro se ajusta plenamente al derecho internacional y al propio derecho militar de los Estados Unidos.
El Uniform Code of Military Justice (Ucmj), que regula la conducta de las fuerzas armadas estadounidenses, establece que los soldados están obligados a obedecer únicamente órdenes legales (artículos 90–92). Cumplir una orden manifiestamente ilegal —por ejemplo, atacar civiles desarmados o participar en crímenes de guerra— constituye un delito y hace responsable al ejecutor. Este principio proviene de los Juicios de Núremberg (1945–46), donde se sentenció que “obedecer órdenes superiores no exime de responsabilidad penal” ante crímenes contra la humanidad.
Además, la Constitución de los Estados Unidos (artículo VI, cláusula 3) obliga a todo militar a jurar lealtad a la Constitución, no al presidente ni a sus comandantes. Su deber supremo es proteger la ley fundamental del país, incluso frente a órdenes inconstitucionales. Por tanto, el derecho estadounidense no solo permite, sino que exige la desobediencia de órdenes ilegales.
El propio Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 33) y los Convenios de Ginebra refuerzan esta norma: ningún soldado puede ampararse en la ‘obediencia debida’ para justificar crímenes de guerra o de lesa humanidad. En ese marco, el llamado de Petro no fue una provocación populista; fue una apelación al principio de humanidad que rige el derecho internacional moderno.
En el fondo lo que se disputa hoy no es una diferencia ideológica entre dos gobiernos. Lo que está de por medio es la dignidad histórica de América Latina frente a un imperio en decadencia que aún se resiste a perder sus privilegios. El viejo pacto colonial —donde unos mandaban y otros obedecían— se resquebraja. Colombia por primera vez, parece dispuesta a levantar la voz y asumir el costo político de su independencia.
Trump podrá aplicar sanciones, imponer aranceles o financiar campañas de desinformación, pero ya no podrá contar con un ‘pequeño servil’ que le diga “Yes, sir” desde la Casa de Nariño. La América Latina que él conoció está despertando, y con ella renace una palabra que el imperio siempre temió: soberanía.
