Desde hace siete años, se reglamentó la ley 1787 de 2016, que legaliza el uso de cannabis, destinado para producción de medicamentos, cuyos cultivos, manejos y procedimientos, se dirigen al uso medicinal en el territorio nacional. La aprobación generó mucho entusiasmo para campesinos interesados en participar en la alternativa de oportunidad de negocios prevista de explotación económica que facilite mejorar el estilo de vida con bienestar comunitario y social. En las reglamentaciones de la ley se dispuso a expedir licencias para cultivos, semilleros y utilización específica, de las transformaciones y productos derivados de la marihuana, de nombre científico, cannabis.
El Gobierno del expresidente, Juan Manuel Santos, delegó por decreto las expediciones de licencia, al Ministerio de Justicia, cuando ha debido ser el Ministerio de Agricultura, por las condiciones agrícolas, implícitas en los cultivos e implementaciones de estándares de tecnificación y calidad, regidos por Invima, autoridad competente para certificar la producción comercial, interna y externa.
No ha habido por parte del Gobierno nacional, pasados, ni presentes, divulgaciones e informaciones, que motiven con estímulos a los pequeños, medianos y grandes terratenientes; previendo cultivos de cáñamos y cannabis psicoactiva, garantizando el mercadeo de producción para procesamientos industrial de consumos medicinales, alimenticios en infusión, cosméticos y series de innovaciones, originadas de los tallos de cáñamos. Los decretos hacen alusión a pequeños y medianos agricultores para expedir licencia de media hectárea o 500 metros cuadrados, con condiciones, prohibiciones y sanciones, drásticas algunas por la ocurrencia de errores, que nunca faltan en acciones y operaciones, en principios y también rutinaria, por causas de ignorancias y descuidos.
Los valores de las distintas licencias para cultivos de media hectárea oscilan entre 20 a 50 millones por un término de cinco años, lo que no es muy fácil para una cantidad de campesinos en estado de pobreza. Además de la licencia debe hacer inversiones en arados, encerramientos y acondicionamiento de tierra estructuradas en invernaderos construidos por profesionales y técnicos especialistas en referenciados cultivos, teniendo en cuenta varios factores climáticos y relacionados con PH del suelo, temperaturas, vientos, sol, donde nace y muere, drenajes etc. Seguidamente inversión en semillas y semilleros, por último, asistencias técnicas durante cuatro a seis meses hasta la recolección del producto agrícola.
Los costos de los servicios que conlleva el primer cultivo son bastante altos y después se reducen para los pequeños y medianos agricultores que requieren de subsidios del Gobierno nacional, bajar los precios de las licencias, a por lo menos un 20% del valor actual implementado para emprenderlos, facilitando: abonos, semillas y seguridad policiva; suscribiendo créditos con bajos intereses en entidades financieras y pólizas de seguros.
El negocio del cannabis es una valiosa alternativa para mejorar las condiciones críticas que estamos viviendo con las violencias desatadas por carteles y bandas criminales que se nutren de ilicitudes y confrontaciones armadas sangrientas en el territorio nacional con alto grado de inseguridad e incertidumbre, que aleja la inversión de quienes quieren producir, comercializar y recrear turismo; generadora de fuentes económica, que de mucha utilidad en beneficios le sirve a Colombia.
Los ingresos de rentabilidad que se originarían del comercio de cannabis superarían las rentas provenientes del café y bananos conjuntamente. También podría equilibrarse con los ingresos generados por las explotaciones de hidrocarburos o carbón; por causa del cambio climático y el recalentamiento tienden a erradicarse, antes del año 2050. Canadá, Alemania, Brasil y otras naciones, están interesadas en comprar cualquier cantidad de marihuana para uso medicinal y recreativo, pero se requiere levantar la prohibición constitucional a las dosis mínimas, implementada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez que necesita de la aprobación de ocho debates, en Cámara de Representantes y Senado; durante dos períodos legislativos.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro debe planificar un programa de inversión agrícola direccionadas a cultivar 50 mil hectáreas de cannabis, complementada con cultivos de pancoger, para dinamizar una revolución agrícola, estimulando y acondicionando la participación de las comunidades de manera indiscriminada en territorios y genero humano. La proyección, apertura de oportunidades laborales, servicios y comercios; beneficiándose de manera directa e indirecta a más de dos millones de personas mayores de edad bajando el índice del desempleo, que no deja de ser un gran alivio para el Gobierno, familias, sociedad y comunidades.
De otra parte, incrementa la rentabilidad para la nación por ingresos de cultivadores y comercializadores; relacionadas con las ganancias de las operaciones, relacionadas con ventas, nacional e internacional del cannabis, cuando el precio estimado de exportaciones por tonelada supera el millón de dólares; cantidad que puede recogerse en media hectárea. Se cultivan dos cosechas al año.
