Las elecciones son el signo distintivo de la democracia moderna y son el procedimiento más usual para la escogencia de las autoridades que en nombre y representación de los electores van a decidir acerca de los asuntos de gobierno de la comunidad política.
Por tanto, la democracia moderna no tiene a la plaza pública como el escenario de las decisiones de gobierno —como lo era la democracia directa de la antigüedad—. Reitero, la democracia directa no es la forma de la democracia moderna, esta es representativa.
El sufragio universal, es decir, sin coacción ni violencia en contra de la decisión ciudadana contenida en el voto es como se conforma el gobierno representativo en la democracia moderna.
Norberto Bobbio en su artículo ‘La democracia de los modernos comparada con la de los antiguos (y con la de los postreros)’ nos recuerda la afirmación de un juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos: “La casilla electoral es el templo de las instituciones norteamericanas”.
No es solo el templo de esas instituciones en las que cada uno oficia como un sacerdote al que se le otorga el cuidado de la soberanía norteamericana, sino que esa casilla electoral también lo es para las instituciones del gobierno en Colombia, en donde cada ciudadano, al depositar su voto, es titular de la soberanía nacional y defensor de la unidad e integridad de la República.
Huelga decir que el voto es un derecho humano y debe ser garantizado en condiciones de paz, pluralismo y tolerancia; en otras palabras, está proscrita la violencia antes, durante y después del debate electoral.
Las elecciones en una democracia tienen que ser realizadas en un ambiente de paz. Debe reinar antes, durante y después de los comicios.
La democracia requiere de la desaparición de la violencia en el espacio de la política. Es inadmisible que en un proceso electoral se asesinen candidatos como tristemente acaba de ocurrir en Ecuador a Fernando Villavicencio, tal como sucedió en Colombia con Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.
No solamente se han asesinado candidatos presidenciales en nuestra República durante procesos electorales, también han matado a postulantes a gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, congresistas, ediles y a cientos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, minorías de géneros, feministas, en fin, las elecciones han transcurrido en un ambiente de violencia y muerte.
No podemos pasar por alto que la intolerancia política ha generado conflictos armados no internacionales desde el siglo XIX pasando por el XX y hasta hoy no hemos logrado construir una cultura por la paz y la democracia.
Nuestra democracia está en pleno proceso de elecciones en todo el territorio nacional en medio de un conflicto armado interno que no cesa, esto no se puede soslayar y las medidas que minimicen la violencia en el marco de la política tienen que ser implementadas por las autoridades del Ejecutivo, en un Estado de Derecho con un modelo de poder centralizado y en un régimen presidencialista.
Brindar seguridad, ante la violencia que pone en peligro la vida de los candidatos y ciudadanos, le corresponde al Gobierno central con el respaldo de todos los gobiernos territoriales. Las autoridades tienen que garantizar elecciones en paz.
