Algo grave pasó en Colombia cuando Santos decidió que el país no enfrentaba una amenaza narcoterrorista, sino un “conflicto interno”, es decir, un legítimo levantamiento armado contra el Gobierno. Por eso no se negociaron solamente la entrega y la reinserción”, sino que esos “rebeldes legitimados” mutaron en altos negociadores para modificar el Estado de Derecho en todo aquello que, según ellos, justificaba su “insurgencia”.
De igual a igual enfrentaron las Farc al Estado, sin abandonar la violencia extorsiva ni sus actividades mafiosas. Y de igual a igual pretendía el ELN someter al gobierno Duque, como lo hizo con el de Santos para pretender absurdas concesiones, pues no entiendo qué se podría negociar con los elenos, más allá de los excesos otorgados a las Farc a cambio de un Nobel.
Cuando el Estado legitima la violencia terrorista, un miserable atentado se convierte en válida defensa a la “ofensiva de las fuerzas armadas”; cuando el presidente Duque les exige el cese del secuestro y de todos sus crímenes, Beltrán responde con cinismo que “el Gobierno condiciona los diálogos a que el ELN cese sus “acciones militares”.
¿Entonces el asesinato de 20 jóvenes fue una “acción militar”? ¿El ELN es otra alta parte negociadora, que firma protocolos secretos obligando en todo a su contraparte –otro gobierno–, y sin obligarse a nada? ¿Acaso tenemos que llorar a 20 colombianos, mientras nos vendamos los ojos y dejamos a sus asesinos esconderse para evadir la justicia y seguir ejecutando “acciones militares”?
Siento dolor de patria al escuchar a quienes defienden el cumplimiento del protocolo, por una malentendida dignidad nacional; los mismos que desconocieron la voluntad popular del gran protocolo del plebiscito; que no era un asunto de honor, sino un mandato del pueblo.
Mientras el país recibe respaldo de la ONU, OEA, BID, de muchos gobiernos, y sobre todo, mientras el pueblo en las calles condena el terrorismo y apoya a su gobernante, los partidos de la extinta Unidad y el excomisionado Pearl, esgrimen el peregrino argumento de que, de no respetarse el protocolo, en un futuro será difícil que un grupo armado confíe en el Gobierno en una eventual mesa de negociación.
¿Cuál futuro? ¿Acaso vamos a negociar por siempre con bandidos? ¿Dónde quedan nuestras instituciones permanentes, la justicia, el Estado de Derecho? Ya se negoció con las Farc; ya el ELN perdió la oportunidad de acogerse a una negociación. ¿Con quién más negociar?, ¿acaso con las disidencias, con las mafias o con el que más dispare y explote?
Hoy se impone rodear al presidente, que no se puede obligar a un protocolo que ni firmó ni conocía, hoy manchado con la sangre de jóvenes colombianos. No más asesinos “legitimados”. La línea que Duque le trazó al ELN no podía ser más clara, y el ELN, igualado y arrogante, no quiso cruzarla.
