El lenguaje es una cualidad muy importante del ser humano gracias al cual se comunica, conoce su pasado, puede analizar, interpretar y comprender su presente y, consiguientemente, proyectarse hacia el futuro como individuo y ser social. Una de las capacidades que damos por sentada cotidianamente es la del lenguaje, ¿qué sucede cuando lo perdemos y lo utilizamos mal en el ámbito político?
La violencia verbal en la política ha ido en aumento. Tres factores son relevantes: la polarización convence a algunas personas de que la violencia es aceptable para impedir que sus oponentes accedan al poder; los partidos políticos extremistas normalizan la polarización y la violencia, lo que provoca ataques de sus simpatizantes y contra ellos; y quienes se sienten desilusionados con la democracia utilizan la violencia, no el voto, para expresarse.
En toda época y lugar, la violencia verbal se ha acostumbrado a ser un factor, contingente pero habitual, de los conflictos sociales y políticos. La ambición y la práctica del poder son las causas más comunes de los conflictos sociales, muchos conflictos tienen su origen en querellas respecto al reparto de botines abundantes o de poderes considerados excesivos y detentados por las esferas dirigentes. Pero la lucha social no se libra sobre el poder en sí mismo, sino en torno a los recursos materiales y simbólicos que posibilitan su proyección y ejercicio sobre otras personas: como de fuerza, carisma, autoridad, legitimidad, entre otros, aunque ambos elementos, capacidad y recursos del poder, son casi imposibles de disociar en la práctica.
Una cuestión siempre polémica es determinar si la violencia verbal en la política existe como un elemento esencial de cualquier estructura de Gobierno, llámese despacho presidencial, presidencia del Senado, corte, gremios, gobiernos regionales y locales o si más bien el poder es un mecanismo encargado de la limitación de la violencia intrínseca en la sociedad.
En esta polarización creciente y difundida por el verbo, la autoridad que actúa sin cortapisas tiende a abusar del poder delegado por el voto popular, y acaba por destruirse a sí misma. La fiscalización de sus posibles extralimitaciones ha de proceder de instancias externas al proceso mismo del poder, pero hasta hoy eso no se hace por un sinnúmero de intereses y situaciones.
La legitimidad racional, que descansa en la creencia en la legalidad del orden establecido y de los derechos de mando de las autoridades, no está garantizada por la mera existencia de la Ley, sino que se mantiene si las instituciones del Estado son eficaces a la hora de satisfacer expectativas, mediar en intereses contrapuestos y ayudar en el proceso por el cual los valores individuales y colectivos se distribuyen en la construcción, reforzamiento y observancia de la Ley, lo que estamos viendo varios bandos demostrando quien tiene el poder.
Cuando una comunidad política afronta una crisis grave que destruye los mecanismos de conciliación que fundamentan la legitimidad del sistema, la violencia reaparece en toda su amplitud, como instrumento inapelable para la resolución de los conflictos de poder. Colombia no está sola en esta era de polarización, la violencia política también ha aumentado en otras democracias, como países vecinos, donde se registraron picos de violencia contra candidatos durante los recientes inicios de campañas como las presidenciales en nuestro país con un saldo vergonzoso como lo acontecido con el senador y precandidato Uribe Turbay.
La manera más directa de prevenir la violencia política es que los políticos, líderes de partidos y líderes sociales, culturales con vínculos ideológicos de cualquier color, insistan en que nadie debe cometer actos violentos, ni los líderes políticos ni los ciudadanos; esto es crucial porque muchas más personas creen que la violencia política puede justificarse que las que realmente la llevan a cabo.
