La justicia en Colombia ha perdido la confianza popular por la contaminación de corrupción que la afecta, degenerándola y desgraciándola con los negocios ilícitos (venta de fallos) que garantizan providencias favorables, violando el Estado de Derecho, causante de delito de prevaricato en que incurren algunos operadores de la administración de justicia, dejándola mal parada, en desmedros con malos ejemplos, en decisiones incoherentes, parapetadas de confusas fundamentaciones y contradictorias interpretación normativa, que solo sirve para causar daños y perjuicios, tendiendo a favorecer lo contrario en justicias, compensadas con retribuciones económicas, acumuladas en enriquecimientos ilícitos.
La falta de la Colegiatura de Abogados, estamento democrático gremial, es una grave situación para velar por el funcionamiento de la carrera del derecho (abogado), desde los programas académicos universitarios, ejercicios profesionales, operaciones de justicias, controles disciplinarios, a servidores administrativos y judiciales, litigantes, asesores, catedráticos, consultores, editores, hasta las máximas especializaciones.
Los abogados no debemos estar sometidos al régimen judicial, cuando lo que debemos es gozar del derecho natural, de tener nuestro propio régimen autónomo, para regulación y controles internos, de los abogados, desde las expedición de tarjeta profesional, autenticaciones de poderes, procesos disciplinarios a abogados, en condición de autoridad competente gremial, aprobaciones de tarifas en procesos judiciales, certificaciones de antecedentes, servicio, experiencia y promoción de abogados; para suplir, sustituciones previos concursos y elección de aspirantes, registrando hoja de vida de todos los colegas, por último ofertar servicios de abogados, para labores públicas y privada, garantizadas.
De nada sirve clamar, exhortar, orar y soñar, con paz total, si no tenemos justicia, veraz, pronta y cumplida. Pero si hay negocios de justicia, con precios preestablecidos a los interesados, que cacen para ganar el proceso. Indiferentemente que la víctima de la injusticia sea demandante o demandado, tenga derecho y razones, que de mala fe desconocen, para favorecer lo contrario, generando reacciones impactantes, de inconformismo, que desacredita la Administración de Justicia.
El volumen de procesos que tiene congestionado los despachos judiciales, precisamente tiene su origen, en la clase de justicia negligente, pasiva, omisiva y abusiva, que opera infectadas de corrupción, en cadenas y líneas incluyentes, con algunas excepciones, que resultan ser mal vista, al interior, por compañeros, en ejercicio de sus funciones, a como debe ser, pero a instancias superior, también las desploman. De ahí que muchas cosas se llevan a los estrados judiciales, para dilatar, picardear, ignorar, desconocer derechos y obligaciones. Siempre reitero, donde no hay justicia, jamás habrá paz, así la disfracen con apariencia, en medio del: miedo, intimidaciones, sumisión, terror, horror y asombro.
Acontecimiento relevante el fallo de un Juzgado del Circuito Penal de Barranquilla, que absuelve en primera instancia, a la bacterióloga, Dayana Jassir de La Hoz, autora intelectual del asesinato de su esposo, médico legista, Eduardo Pinto Viloria, hace ocho años. La juez la absuelve por inocente. ¿Inocente de qué? Cuando fue ella (Dayana), quien planificó, fraguó y financió; la ejecución del asesinato, confesado por los autores materiales y el cómplice conductor; acogiéndose a sentencia anticipadas.
En el documental de Caracol Televisión, ‘Siguiendo el Rastro’ extractan múltiples pruebas, para que ella fuera condenada a presidio. Contrató los sicarios, cuadraron precio, abonaron la mitad, en compañía de un conductor que diariamente viajaba de Barranquilla a Riohacha y viceversa, puerta-puerta, de quien se enamoró, para utilizarlo de gancho ciego, en perversas acciones, a la cual le siguió el juego, porque estaba comiéndosela, sacrificando el hogar de su esposa e ilusionado, por un amor perdido, que le ofreció comprarle un vehículo, con el pago de un seguro, por la muerte del marido, para que no siguiera manejando carro ajeno por tarifa y organizar un nuevo hogar, disfrutando de pensión de sustitución por causa de muerte, de su difunto esposo.
La ejecución inicialmente estuvo programada en días anteriores, para llevarla a cabo un sábado en horas de la tarde, a la salida de un salón de belleza previsto, donde el médico la acompañaba. Los sicarios se abstuvieron de matarlo en ese lugar, junto a Dayana, porque había muchas cámaras aéreas de seguridad, que los reconocieran. Al fracasar esa intención se aprovechó que tenía un contrato con Medicina Legal, para laborar en Riohacha, fraguó con el compinche conductor del vehículo que la transportaba, aparentando un atraco-secuestro exprés, maniobrando estrategias con los sicarios que iban a cumplir su cometido, el trabajo de matar.
Se ubicaron a esperar a los sicarios en un bulevar del municipio de Soledad, frente a un expendio de carne a las 2:30 am, captado por una cámara ubicada en el expendio, para que se embarcaran en el vehículo que iba a viajar a Riohacha y luego devolverse, para la residencia de Dayana y ejecutar la acción criminal de homicidio doloso, avalada y pagada, por la autora intelectual.
Los sicarios llegaron en un taxi amarillo, estacionándose unos metros más adelante del vehículo que lo esperaba, se habían demorado en llegar, porque el taxi, que lo transportaba se había espichado y tuvieron que arreglarle la llanta. Después de todos los impases, se devuelven al barrio Villamizar de Barranquilla, donde residía Dayana, con el médico Eduardo, llamándolo para que le abriera la reja, con el pretexto que había olvidado unos documentos y las llaves.
Al abrir el médico la reja para que entrara Dayana, también entraron corriendo los dos sicarios, uno encañonó al médico y lo hizo subir a la alcoba, ordenando por instrucciones previas de Dayana, que mandara bajar a la señora encargada de la atención y cuidado del hijo, niño especial autista y seguidamente le dio un tiro en la cabeza. Al bajar el sicario, recibió la cancelación de pagos pendientes, misión cumplida, retirándose en el taxi que los transportaba.