He llegado a la convicción de que quienes trabajamos en derechos humanos hemos estado evitando la pregunta crucial: ¿qué estructuras económicas y qué regulaciones de mercado son compatibles con la efectividad real de la dignidad humana?
Me resulta cada vez más claro que los obstáculos que impiden a millones ejercer sus derechos básicos no son meros desajustes del sistema; están incrustados en la arquitectura misma del orden económico dominante.
Uno no puede aceptar el capitalismo como un sistema natural o inevitable. Sé que el capitalismo nació sobre la desposesión, sobre la violencia de los cercamientos, sobre la colonización y la explotación.
Por eso, no puedo mirar la pobreza contemporánea como un fenómeno aislado o puramente técnico. La pobreza tiene historia, y esa historia está escrita con normas jurídicas que hicieron de la propiedad una herramienta de exclusión y que convirtieron el contrato en un instrumento de desigualdad legitimando la ventaja de quienes llegaron primero.
Siento que Anna Chadwick describe con precisión lo que muchos preferirían ignorar: la Ley no solo regula el capital; la Ley lo crea y lo protege activamente. Derechos de propiedad, responsabilidad limitada, personalidad jurídica corporativa; todos son inventos legales diseñados para blindar la acumulación en manos de unos pocos. Y aunque el derecho proclame igualdad formal, esa igualdad opera sobre un terreno profundamente desigual.
No puedo ignorar hechos irrefutables como los del Informe Social Mundial 2020, que demuestran que la discriminación no es un rezago del pasado, sino un efecto persistente de estructuras que nunca fueron diseñadas para repartir oportunidades, sino para concentrarlas.
Creo firmemente que las violaciones de derechos humanos no son accidentes del capitalismo, sino condiciones necesarias para su funcionamiento. El sistema opera mejor cuando las mayorías negocian desde la necesidad y cuando unos pocos imponen sus condiciones a partir de ventajas históricas que el derecho, cínicamente, protege como si fueran logros individuales.
Por eso, cada vez que escucho que el rol de los derechos humanos es simplemente controlar los excesos del mercado, siento que se está evitando el punto central.
Si quiero ser coherente, debo preguntarme si es posible garantizar derechos humanos sin revisar —a fondo y sin prejuicios— el papel del derecho en la configuración misma del capitalismo. No basta con pedir más igualdad formal; es necesario interrogar cómo se distribuyen realmente la propiedad, los recursos y el poder económico.
Solo entonces —me pregunto a mí mismo con cierta inquietud, pero también con esperanza— ¿cuándo podremos hablar en serio de dignidad humana, igualdad y libertad?
Después de recorrer este análisis histórico y jurídico, he llegado a una conclusión que no puedo eludir: mientras no revisemos críticamente la arquitectura legal que sostiene al capitalismo, cualquier promesa de derechos humanos seguirá siendo profundamente limitada. La pobreza no es un accidente ni una falla corregible del sistema; es el resultado previsible de un orden económico construido, desde sus orígenes, para garantizar la acumulación de unos pocos a través de estructuras jurídicas que normalizan la desigualdad.
Las instituciones legales —propiedad privada, contrato, personalidad corporativa, responsabilidad limitada— no son neutrales: han sido diseñadas y perfeccionadas para proteger ventajas históricas y para reproducirlas en cada generación. Por eso, la igualdad formal, celebrada como conquista universal, opera hoy como una ficción que encubre desigualdades materiales profundas. El derecho sigue tratándonos como si todos hubiéramos partido desde la misma línea, cuando en realidad muchos grupos continúan cargando el peso de siglos de exclusión, discriminación y desposesión.
