El problema que siempre ha vivido La Guajira, especialmente los municipios que conforman el norte de la península, por la gran sequía milenaria, la hambruna de la gran Nación Wayuú colombiana y la desnutrición alarmante de la niñez indígena, no es un problema coyuntural, es un problema de fondo que necesita acciones profundas por parte del Gobierno nacional, implementando políticas de Estado, para acabar, de una vez por todas, con la hambruna y la sed milenaria de los wayuú. Ya casos de desnutrición eran publicados en 1885 por reconocidos geólogos que visitaron la península; así que el caso de hambruna y desnutrición no es nuevo, sino de vieja data.
La sequía siempre ha sido el común denominador en esta región del país, sí caen algunos milímetros, pero de manera esporádica, tal como lo ha afirmado el senador guajiro de la Unidad Nacional, Alfredo Deluque Zuleta, en varios foros sobre la sequía de La Guajira y la paz de Colombia y lo ha expresado tajantemente, que el problema de la sequía es estructural y no coyuntural, es decir, las soluciones deben ser de fondo y no de manera emergente y por ello ha dejado sentada su posición como defensor de su tierra: “La Guajira debe ser objeto primordial del Gobierno nacional en esta crisis”.
Por ello, el Estado debe aplicar mecanismos de fondo, para solucionar, de una vez por todas, la situación aberrante y vergonzante del hambre, de la sed y de la mala calidad de vida que les ha tocado soportar a municipios como Uribia, Manaure, Maicao, Albania, Hatonuevo, Barrancas y una porción importante de Riohacha, entre otros productores de minerales energéticos, pero sus presupuestos fueron menguados por la expropiación de las regalías a nuestro Departamento, un tema de conocimiento público.
Hasta ahora, el Gobierno nacional ha aplicado paños de agua tibia y en otros casos aberrantes de corrupción, como es el caso de los $ 61 mil millones en las ollas comunitarias, en Uribia, donde, supuestamente, se robaron esos dineros de la manera más descarada. Pero tampoco han hecho referencia a las maquinarias amarillas, ¡ay, Dios! Y esos recursos se esfumaron para financiar proyectos políticos en La Guajira; es de público conocimiento cómo sucedió.
Ahora, el problema del agua es milenario en la Alta Guajira; el Gobierno nacional tiene la solución: la represa del Ranchería, que se encuentra subutilizada desde el año 2010, cuando fue inaugurada en su primera fase y que almacena 198 millones de metros cúbicos de agua que solucionaría y mitigaría la sed de estas comunidades.
Con esa capacidad, le daría agua a todo el Departamento; si la de Chingaza, con 220 millones de metros cúbicos, le suministra agua a 6.5 millones de habitantes, ¿por qué la del Ranchería no le daría a toda la población guajira, que está por encima del millón cien mil habitantes? construir la segunda fase de la represa, para que la línea de conducción genere agua a los nueve municipios programados en los estudios de factibilidad y construir los distritos de riego del Ranchería y San Juan del Cesar, que irrigará 18.536 hectáreas, para que La Guajira sea productiva y competitiva en los mercados de la productividad. Entre los años 2012 y 2023, Cerrejón pagó al Gobierno nacional cerca de $ 8 billones en regalías.
¡Llevar agua a los municipios como Uribia, Manaure y Maicao, desde la Represa del Ranchería, cuesta un billón de pesos! ¡Es hora de una compensación justa y urgente para la sed milenaria! Pero, ¿será por este medio la solución? ¿Y por qué no, a través de plantas desalinizadoras?
Ahora, una vez puestos en funcionamiento los acueductos del norte de la península, con aguas de la represa del Ranchería, el Gobierno nacional debe implementar políticas públicas que vayan en concordancia entre lo programado, lo planificado y lo realizado; claro que este es otro sueño, que espero, no dure otros 50 años, aunque la solución para los wayuú está en el mar, con la instalación de plantas desalinizadoras a un menor costo de traerla por un tubo desde la presa del cercado. ¡Manos a la obra pues!
