Como un homenaje a las mujeres de Colombia.
En estos días, durante una clase de legislación laboral con mis estudiantes de tercer semestre de Contaduría Pública de la Universidad de La Guajira, abordábamos el tema de las pensiones en Colombia. Conversábamos sobre sus fuentes de financiación y les explicaba que la pensión pública es, en esencia, un acto de solidaridad: quienes hoy trabajamos sostenemos a quienes ya están pensionados.
Les compartía mi preocupación, sustentada en las estadísticas del Dane, que advierten cómo la tasa global de fecundidad en Colombia ha descendido progresivamente hasta ubicarse en 1.4 hijos por mujer en 2024, por debajo del nivel de reemplazo poblacional, situándonos entre los países con las tasas de natalidad más bajas de América Latina, ocupando el séptimo lugar en la región.
Les contaba que este fenómeno ya ha ocurrido en varios países de Europa, donde la constante baja natalidad ha convertido esas sociedades en países de viejos, lo que ha traído consigo, entre muchas otras consecuencias, el aumento de la edad de pensión y la ampliación de las semanas de cotización. En ese contexto, conversando con mis estudiantes sobre sus proyectos de vida, muy pocas manifestaron tener planes de tener hijos, y quienes sí lo consideran, proyectan tener uno solo.
Al día siguiente, abordé el tema con una mujer maravillosa, cercana a mis afectos, quien, con una sólida y estructurada visión feminista, me dijo una frase que me retumbó: “La maternidad en Colombia se ha convertido en un castigo”.
Es frecuente escuchar en círculos familiares, laborales y académicos, con cierto asombro, que las nuevas generaciones de mujeres no quieren tener hijos. Se lanzan juicios ligeros, acusándolas de egoístas, de haber perdido el instinto maternal, de priorizar su libertad o sus carreras profesionales. Pero detrás de estas simplificaciones se esconde una realidad más compleja, dura y estructural: nuestra sociedad, y especialmente nuestra legislación laboral, castiga de manera silenciosa y soterrada a las mujeres que deciden ser madres.
En teoría, Colombia cuenta con un cuerpo normativo que protege a las mujeres durante el embarazo y la lactancia. El Código Sustantivo del Trabajo prohíbe el despido en estado de gestación (artículo 239), exige autorización del Ministerio de Trabajo para cualquier desvinculación en ese período (artículo 240), reconoce 18 semanas de licencia de maternidad (artículo 236) y establece descansos para lactancia (artículo 238). La Constitución Política, en su artículo 43, refuerza esta especial protección a la mujer embarazada y hasta que la mujer vuelve a su estado anterior a la gestación.
Pero bajo esa aparente protección legal, muchas empresas perciben a la mujer embarazada como una carga, un riesgo jurídico, un costo adicional o, peor aún, como un obstáculo para la competitividad. Como consecuencia, miles de mujeres jóvenes en edad fértil se ven obligadas a mentir, a ocultar sus embarazos, temiendo ser despedidas, marginadas, excluidas de ascensos o de procesos de selección.
A pesar de la estabilidad laboral ‘reforzada’ vigente, que impide despedir a una mujer embarazada sin autorización previa del Ministerio, estas deben atravesar procesos engorrosos, desgastantes y, muchas veces, humillantes para que ese derecho sea respetado. Se genera así un clima de incertidumbre que, lejos de proteger, asfixia.
Pocos se atreven a decirlo en voz alta, pero los hechos hablan más que las palabras: la discriminación laboral hacia las mujeres en edad fértil es una realidad cotidiana en Colombia, disfrazada de sutilezas, de excusas de desempeño o de reorganizaciones internas.
Por eso no sorprende que la fecundidad siga en descenso. Pero el debate público continúa estancado en prejuicios y lugares comunes, sin asumir que es la propia estructura jurídica, económica y cultural la que obliga a las mujeres jóvenes a renunciar a la maternidad para poder aspirar a la autonomía económica y profesional.
La licencia de maternidad, aunque ha evolucionado a 18 semanas, es vista en muchos sectores como un ‘tiempo muerto’ que afecta proyectos, metas, y hasta puede poner en riesgo el cargo ocupado, especialmente en posiciones de liderazgo o en sectores privados altamente competitivos.
¿Es exageración? Los datos no mienten. Lo afirmo no solo como abogado laboralista, sino como docente universitario con más de veinte años de experiencia. Mientras se culpa a la juventud por no querer hijos, no se dice que la mujer que aspira a terminar una carrera, cursar una maestría, competir por un cargo directivo o participar en la vida pública, debe pensarlo dos, tres y hasta cuatro veces antes de embarazarse.
No es que no quieran ser madres. Es que en Colombia la maternidad sigue siendo una condena social y laboral.
Mientras aquí el embarazo es percibido como un problema laboral, en países como Suecia, Noruega, Francia o Alemania, la maternidad es considerada un bien público, protegido y estimulado con políticas integrales que incluyen licencias compartidas de maternidad y paternidad generosas y remuneradas, guarderías públicas de calidad, horarios flexibles, bonificaciones fiscales por hijos, y políticas de reincorporación laboral sin discriminación.
Ellos también enfrentan el drama de la baja natalidad, pero han entendido que la maternidad no es una carga exclusiva de la mujer, sino un compromiso del Estado, las empresas y la sociedad en su conjunto.
Mientras tanto, en Colombia, intentamos introducir tímidas reformas laborales, al sistema de salud, al sistema pensional –reformas que hoy están en vilo esperando sentencia de la Corte Constitucional–, pero el presidente que las propone es incomprendido, estigmatizado, incluso por sectores que serían los más beneficiados. Definitivamente, nuestro problema no es solo jurídico. Es también cultural, empresarial y profundamente político.
Hasta que no rompamos esa trampa legal y cultural que convierte la maternidad en un castigo disfrazado de derecho, seguiremos siendo un país donde las mujeres jóvenes temen ser madres, no porque no quieran, sino porque saben que la maternidad, hoy, puede ser la sentencia silenciosa a la exclusión, la marginación y el estancamiento profesional.
