El 22 de mayo, un accidente doméstico cambió la vida de una familia maicaera. Un niño de nueve años, alegre e inquieto, sufrió una delicada lesión ocular mientras jugaba. La escena que siguió fue de angustia: sangre, gritos,
el miedo de una madre y la urgencia de un padre que lo alzó en brazos rumbo al Hospital San José de Maicao.
Allí los médicos hicieron lo que pudieron. El diagnóstico fue contundente: laceración corneal profunda. La urgencia médica exigía atención especializada de un oftalmólogo pediátrico y un quirófano dotado para
cirugía de alta complejidad.
Pero ni el hospital tenía los equipos ni el departamento de La Guajira cuenta con ese tipo de especialistas. Había
que remitir al niño con urgencia, a la Fundación Oftalmológica del Caribe en Barranquilla. Y ahí comenzó la verdadera tragedia.
La familia Vega, afiliada a la EPS Cajacopi, inició el peregrinaje burocrático. Primero la autorización de la
cita. Luego la ambulancia. Luego el traslado. Y mientras los días pasaban, el ojo del niño se inflamaba,
su visión empeoraba y el dolor se intensificaba. Los médicos, enfermeras y hasta los vigilantes del hospital
comentaban en voz baja su preocupación. Nadie en tendía cómo después de ocho días de espera el niño
seguía en el hospital de Maicao sin haber sido trasladado.
Y entonces ocurrió lo inevitable. El padre, extenuado por la impotencia, perturbado por la imagen de
su hijo consumido en llanto, con una visión amenazada y el alma herida por la negligencia institucional, explotó. Salió del hospital. Llegó hasta la sede de Cajacopi.
Advirtió a los presentes que desalojaran. Y prendió fuego al lugar. No, no se trata de justificar el delito. La violencia nunca será el camino. Pero tampoco podemos limitarnos a un análisis penal frío que se queda en la superficie del tipo penal y omite la indagación ética, social y jurídica de las causas.
La conducta del señor Vega, aunque reprochable no nace del deseo de delinquir, sino de la desesperación más elemental: la de un padre que ve cómo se le escapa la posibilidad de salvar la vista de su hijo. Y eso, en derecho penal, importa.
El Código Penal Colombiano reconoce, en su artículo 32, numeral 7, la figura del estado de necesidad, eximente de responsabilidad cuando se actúa para proteger un bien jurídico propio o ajeno ante un peligro inminente. También el artículo 57 admite como atenuante la emoción violenta, la ira e intenso dolor; esa que surge espontáneamente frente a una injusticia intolerable, del comportamiento ajeno, grave e injustificado.
La jurisprudencia ha sido clara. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia SP 11669 de 2020, reconoció que la ira nacida de la desesperación ante la afectación de un hijo puede configurar una atenuación punitiva. La Corte Constitucional, en laT-760 de 2008, estableció que la salud es un derecho fundamental y exigible, incluso por la vía de tutela, cuando las EPS niegan el acceso oportuno a servicios especializados.
En este caso, el dolor fue mayor que la prudencia. La angustia venció a la razón. Y la llama que consumió el
local de la EPS fue encendida mucho antes por la negligencia del sistema de salud.
¿Quién responde por el daño a la visión del niño? ¿Quién repara el sufrimiento de esa familia? ¿Quién responde por los ocho días de espera angustiosa? ¿Quién responde por una Guajira sin especialistas, por un sistema de EPS que traslada culpas, que es eficiente para recaudar, pero inhumano para asistir?
El señor Vega no es un criminal. Es un padre desesperado. Y Colombia está llena de padres así. La solución no
está en llenar cárceles sino en vaciar de negligencia a las EPS, en humanizar el sistema de salud y en garantizar que ningún colombiano tenga que prender fuego para que lo escuchen.
Este caso debe dolernos a todos los maicaeros. Y también debe movernos a exigir un modelo de salud donde
la vida, la vista y la dignidad de un niño valgan más que una autorización negada. Porque cuando un padre
incendia una oficina, la pregunta no es sólo qué delito cometió, sino qué Estado fue el verdadero ausente en
esta historia.
Hoy más que nunca, se hace urgente que el Congreso de la República apruebe la reforma estructural al sistema de salud. No podemos seguir postergando los cambios que la realidad nos grita con dolor y fuego.
La salud no puede de pender de trámites, contratos y autorizaciones, sino del derecho inviolable de cada
colombiano a ser atendido con dignidad y oportunidad. Porque si el Estado obliga a un padre a escoger entre
la ley y la salud de su hijo, entonces el problema no es sólo penal: es ético, es político y es humano. Y mientras
ese dilema no se resuelva, el fuego de la desesperación seguirá buscando las puertas que el Estado se niega a
abrir.
