En mi condición de abogado especialista en derecho laboral y relaciones industriales, docente de la asignatura legislación laboral, cuando entro al salón con mi código de Legislación y, les digo a mis estudiantes, hoy hablaremos de ‘Seguridad Social Integral’, soy consciente de que la clase tendrá una alta carga emocional, sin renunciar al rigor de los datos y la Ley. Cuando el tema aterriza en salud, empiezan los relatos: la abuela a la que le aplazaron un examen ‘porque falta un código’, el niño que espera meses por un especialista, el medicamento que no llega. Ahí, la cátedra se vuelve sala de urgencias y a mí me corresponde encender la luz de la Ley —Ley 100 de 1993, Ley 1122 de 2007 y demás decretos reglamentarios— para pedir lo que hoy parece subversivo: pensar con rigor y con empatía al mismo tiempo.
Como profesor y abogado, no puedo rehuir los datos. Con corte a julio de 2025, la Contraloría y el propio Ministerio de Salud hablan de $32,9 billones en pasivos de las EPS; de las 29 evaluadas, solo un grupo minoritario cumple los tres indicadores de habilitación financiera. Además, la deuda con operadores farmacéuticos ronda los $2,8 billones, pese a que en 2024 se pagó cerca del 90% de la facturación (unos $13,3 de $14,7 billones). ¿Cuál es el resultado visible para mis estudiantes? Demoras y barreras de acceso que maltratan la dignidad.
“Profe, ¿y cuántas EPS quedan hoy?” A mitad de 2025, el país operaba con 29 EPS autorizadas, una cifra que cambia por intervenciones y liquidaciones, y que contrasta con el enjambre de entidades que nacieron al calor de la Ley 100. En tres décadas, el sistema ha visto decenas de liquidaciones, un síntoma crónico más, que habla de la crisis de la salud.
Aquí hablo en primera persona: en mi familia vivimos una situación dolorosa que pudo evitarse con medicina preventiva. Controles a tiempo, gestión del riesgo y seguimiento territorial hubieran cambiado la historia. No es poesía: la Atención Primaria en Salud (APS) es el enfoque más eficiente para mejorar la salud y el bienestar; lo dicen la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y lo confirma la experiencia de cualquier barrio donde ofrezcan el primer nivel.
Por eso, cuando me preguntan si estoy a favor o en contra de las EPS, contesto lo que la evidencia de 32 años grita: la intermediación financiera de las EPS, tal como la conocemos, ha sido ineficiente para garantizar oportunidad y transparencia. Si la plata de la salud es pública/parafiscal y de destinación específica, su flujo debe tener paredes de vidrio: trazabilidad peso a peso, giro directo y auditorías con dientes. Colombianos, no es una tesis ideológica; es un mínimo jurídico y contable.
La politiquería afecta el proceso. Está documentado que el Grupo Keralty (controlador de EPS Sanitas) reconoció aportes a varias colectividades en 2022. También se han reportado donaciones del Grupo Bolívar a partidos ese mismo año. Éticamente, ello exige que quienes recibieron esos aportes, se declaren en un conflicto de interés; jurídicamente es ilegal usar recursos del sistema, está prohibido.
Y cuando preguntan. ¿Y la reforma? La primera propuesta: se hundió el 3 de abril de 2024 en la Comisión Séptima del Senado. Después vino un nuevo proyecto con énfasis en gestores (EPS), sin manejo de fondos y redes de Atención Primaria en Salud (APS) Centros de Atención Primaria en Salud (Caps); a esta fecha (10 de septiembre de 2025) el desenlace legislativo sigue abierto, mientras el Gobierno explora otras vías y el debate nacional se enciende sobre el tamaño del hueco financiero y quién debe responder por él.
Desde el aula —y desde mi oficio— coincido con el Gobierno:
1) Sacar la chequera de las EPS: si tres décadas de EPS con la llave del flujo no lograron solvencia ni oportunidad, toca rediseñar el modelo. Que existan gestores que organicen redes, orienten la atención y gestionen el riesgo, sin administrar los recursos; y que el dinero siga un circuito auditable en tiempo real hacia prestadores y operadores farmacéuticos.
2) Poner la prevención en el centro. La atención primaria en salud (APS) no es un eslogan: resuelve la mayor parte de los problemas de salud en el territorio y evita tragedias. Equipos extramurales con metas medibles (hipertensión, diabetes, salud materna, salud mental) cambian vidas y también la contabilidad pública. Lo he visto y lo he padecido.
3) Transparencia y control con consecuencias. Los informes oficiales ya muestran el mapa de riesgo: pasivos, deudas, PQR, tutelas, en aumento. Falta que esa información sea abierta, comparable y se puedan sancionar. Acompañar transiciones de las EPS y, si es del caso, ordenar salidas que protejan a los usuarios. Las liquidaciones de las EPS sin plan solo transfieren el dolor del papel a la fila de urgencias.
Quiero cerrar desde La Guajira, donde enseño, litigo y escribo. Aquí los intermediarios EPS, concentran su atención en Riohacha, Maicao y San Juan —donde hay infraestructura privada que sostiene parte de la carga—, pero las zonas dispersas y rurales siguen esperando. Entre nuestros hermanos wayuú, la tuberculosis no es un recuerdo del siglo XIX; es una amenaza actual que crece cuando la prevención no llega a las rancherías: en 2024 el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó incremento estadísticamente significativo de TB en La Guajira y, en informes recientes, altas proporciones de casos en población indígena. Si tuviéramos equipos extramurales desplegados —con transporte, tamizajes, baciloscopias, tratamiento supervisado— evitaríamos muertes por enfermedades que en las grandes ciudades se ven poco.
En La Guajira a veces se tiene la EPS, pero no se tiene el servicio. Y eso, para un Estado Social de Derecho es inaceptable.
