Todos los países son observados por las firmas calificadoras del riesgo soberano de la deuda que ellos han contraído mediante la emisión de títulos con respaldo de la Tesorería General de la Nación y su concepto es de mucha relevancia, pues da cuenta tanto de la capacidad como de la voluntad de los gobiernos de turno de cumplir sus obligaciones de pago, sobre todo en tratándose de los países considerados emergentes como Colombia.
Ello es determinante para el acceso a los recursos de financiamiento y también de la afluencia al país de la inversión extranjera directa (IED), de tal modo que una baja en la calificación se traduce en dificultades para el acceso al crédito y en el encarecimiento del mismo. En este orden de ideas lo peor que le puede pasar a un país en este frente es la pérdida del grado inversionista de su deuda soberana por que dicho mensaje denota riesgo y pérdida de confianza.
Recientemente el Ministro de Hacienda hizo alarde del supuesto “éxito” que se había anotado al colocar $15 billones en TES, que según él mostró el gran apetito por ellos, cuando la realidad es otra, su afirmación es falaz. Prueba al canto: los intereses pactados fueron de 11,304% para los TES con vencimiento en 2029, 12,49% los de 2033, 13,120% los de 2040, 13,196 para los de 2046 y 13,060 para los de 2050, todos por encima de los niveles registrados al cierre de 2024. Como lo asegura el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, Colombia actualmente paga la segunda tasa de interés más alta en títulos de deuda a 10 años entre las 40 economías más importantes del mundo. Dice que “según la percepción del mercado, las tasas de interés que paga Colombia por su deuda son demasiado altas en comparación con la calificación crediticia que tiene el país”.
En otras palabras, el mercado considera que Colombia está pagando intereses más altos de lo que debería, dado su nivel actual de riesgo crediticio”. Huelga decir que el desequilibrio fiscal, sumado a la reducción de la calificación, además de incrementar las tasas de los bonos de deuda pública, le resta espacio de maniobra al Banco emisor para mantener la senda a la baja de la tasa de interés de intervención, que tanto presiona el Gobierno.
Pues bien, como se recordará, en 2021, en simultánea, las calificadoras de riesgo S&P y Fitch Ratings rebajaron la nota a la deuda soberana de la deuda de Colombia de BBB- a BB+, en enero de 2024 S&P, no obstante que mantuvo la calificación BB+, rebajó la perspectiva a negativa y en junio de 2024 la firma Moody´s, aunque mantuvo la nota en Baa2, cambió la perspectiva a negativa. Y más recientemente, a raíz del incumplimiento primero y luego del abandono de la Regla Fiscal por parte del Gobierno al apelar a la Cláusula de escape de la misma llevaron a las calificadoras de riesgo, empezando por Fitch Ratings (BB+), a revisar y a degradar la calificación de la deuda con todas sus consecuencias.
En efecto, en junio 26, Moody´s, que es la única calificadora que le mantiene el grado de inversión, éste bajó hasta el último escalón, Baa3, a un paso del grado especulativo. En concepto de Moody´s, “la decisión de suspender la Regla Fiscal es negativa porque confirma que el deterioro del déficit y las métricas de deuda observado en el 2024 se va a repetir en el 2025”. Por su parte para Fitch Ratings “la suspensión de la Regla Fiscal y las amplias desviaciones de las proyecciones presupuestarias han afectado la credibilidad de la política fiscal”.
Además, plantea que “el plan de reducción del déficit se basa en medidas de ingresos inciertas, incluyendo una reforma tributaria no especificada y recortes de gastos atrasados que implementará la próxima administración tras las elecciones del próximo año… La falta de medidas de consolidación detalladas en el Marco Fiscal y su calendario propuesto implican una gran incertidumbre en las perspectivas de implementación”. Definitivamente, el signo de los tiempos para las finanzas públicas en Colombia es la incertidumbre y la crisis de confianza.
En estas circunstancias, tramitar y aprobar por parte del Congreso de la República el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado a su consideración por parte del Congreso, no obstante estar desfinanciado, es una pésima señal, pues las firmas calificadoras de riesgo tomarán atenta nota de ello y pueden deteriorar aún más la calificación, al tiempo que se le dificultará aún más el acceso al crédito a Colombia, amén del encarecimiento de su deuda. Huelga decir que con el aumento de la deuda pública, que ya supera el 60% del PIB y el servicio de la misma le restan espacio en el PGN a la inversión, que es la única partida flexible del mismo.
Si bien el Ministro de Hacienda accedió a recortar $10 billones al monto del mismo, quedando en $546.9 billones, $16.9 siguen sin respaldo presupuestal, por lo que será menester aplazar o recortarlo, de no aprobarse por parte del Congreso el proyecto de ley de financiamiento para arbitrarlo, como ya sucedió con el presupuesto de la actual vigencia.
