Llama la atención la aparente premura y sigilo para iniciar una nueva mina de carbón térmico a cielo abierto en el sur de La Guajira, cuando la emergencia climática es más evidente que nunca. La posible nueva mina es promovida por la empresa Best Coal Company (BCC), filial del grupo económico turco Yildirim Holding.
Se proyecta en la zona rural de los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca, a menos de 2.1 km del corregimiento de Cañaverales (San Juan del Cesar), y según la Agencia Nacional de Minería, pretende extraer alrededor de 1.2 millones de toneladas anuales durante 15 años.
Aunque el proyecto se presenta como una única mina, en realidad haría parte de un complejo minero mucho más grande: al menos otras dos minas en los municipios de Papayal y San Juan del Cesar, un nuevo puerto en el municipio de Dibulla y 150 km de vía férrea.
En total, el complejo minero le apunta a extraer más de 35 millones de toneladas de carbón anuales durante al menos 32 años, convirtiéndolo en otro proyecto de megaminería de carbón con proyecciones de producción incluso mayores que los registros en prepandemia del Cerrejón.
Este proyecto contrasta con la preocupación universal de combatir el cambio climático que encuentra precisamente en el carbón al mayor responsable, pues contribuye a cerca del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El consenso científico es claro sobre la necesidad de limitar el calentamiento global a 1.5°C o 2°C como máximo para evitar consecuencias catastróficas, y teniendo en cuenta que nuestro planeta ya se ha calentado 1.1°C, el umbral que tenemos es limitado.
Sin embargo, un reciente informe del Instituto de Ambiente de Estocolmo (SEI) pone en evidencia que los gobiernos del mundo planean producir más del triple de carbón en 2030, de lo que es consistente con limitar el calentamiento global a 1.5°C. Además, Colombia se comprometió a ser carbono neutral en 2050, lo cual requiere evitar nuevos proyectos carboníferos.
En síntesis, un futuro viable y sostenible depende en gran medida de detener la expansión de la extracción y uso del carbón, excluyendo este tipo de proyectos de las agendas de desarrollo del país.
Por el contrario, se percibe una carrera contrarreloj y muy silenciosa para avanzar con las consultas previas, gestionar la correspondiente licencia ambiental ante la Anla, y en definitiva, materializar el proyecto. Aunque la compañía ya ha llegado a un acuerdo con la mayoría de las comunidades sujetas a consulta previa, esto habría ocurrido mediante estrategias express que dificultan una verificación rigurosa de los impactos.
Ante la falta de acuerdo con la comunidad de Cañaverales, el Gobierno nacional anterior convocó la imposición del deshonroso test de proporcionalidad, dando por concluido el proceso de consulta y procediendo, en un término máximo de tres meses, a determinar las medidas de manejo adecuadas para prevenir, corregir o mitigar las afectaciones directas, según indica la Directiva Presidencial 08 de 2020.
EL Gobierno nacional actual tiene la oportunidad de revertir esta decisión, en línea con las propuestas en torno a la prohibición de la minería a cielo abierto y la declaración de una moratoria minera que permita revisar acuerdos en los territorios.
Además, es preciso hacer un balance de lo que se perdería en términos de servicios ecosistémicos, seguridad alimentaria e hídrica y los pasivos ambientales que dejaría esta nueva mina.
Corpoguajira reconoce que la actividad puede incidir seriamente sobre la calidad y disponibilidad del recurso hídrico en la zona y, además, el proyecto removería 114 millones de m3 de material ‘estéril’, lo que implica una transformación del territorio, del paisaje y una serie de impactos a perpetuidad.
La afectación al recurso hídrico podría presentarse especialmente en el manantial, un ecosistema de bosque seco tropical con afloramiento de aguas subterráneas declarado Reserva Forestal Protectora y que no solo es un activo clave para la seguridad alimentaria de la zona ligada al desarrollo de su vocación agrícola, también es su principal atractivo turístico y fuente de inspiración cultural. Esto es particularmente importante para una región como La Guajira, donde las graves limitaciones del recurso hídrico y el estado de cosas inconstitucional debería elevar al máximo el principio de precaución con la armonía ecológica como criterio moral.
Aunque la puerta de entrada a este tipo de proyectos suelen ser los presuntos beneficios económicos que ofrecen, estas razones no deben prevalecer ante el imperativo moral de combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente. Además, aunque, los efectos de la guerra en Ucrania refuerzan la perspectiva de mayores ganancias económicas en el contexto actual de precios altos del carbón y el aumento de la demanda en Europa, no se debe olvidar que esta coyuntura no afecta para nada la tendencia al declive de los mercados de carbón en el mediano-largo plazo.
Por lo tanto, la apertura de nuevos proyectos mineros de carbón solo conllevaría a profundizar la dependencia económica regional, generar nuevos costos socioambientales y exacerbar los existentes mientras se retrasan sustancialmente los procesos necesarios para ofrecer una transición justa a los más afectados por el necesario abandono de los combustibles fósiles.