“En una democracia no debe existir aval político para aspirar a un cargo de elección popular. El único requisito debe ser ciudadano”: Fabio Olea.
Nos enseñaron que la “democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, definición idealista que coincide con la de Abraham Lincoln y que era más acorde para la época de la independencia de los Estados Unidos que para estos tiempos actuales.
Con la Constitución Política de 1991, Colombia pasó de ser una democracia representativa a una participativa, transición en la que fue importante la elección popular de alcaldes y gobernadores (A.L. 01 de 1986).
La soberanía reside en el pueblo y de ella emana el poder público. En una democracia participativa el ciudadano no solo se expresa a través del voto, sino que tiene mayor injerencia en la decisión, ejecución y control del poder público.
En el modelo de democracia representativa -anterior a 1991- el poder político tenia origen popular, pero no era ejercido directamente por el pueblo, sino por sus representantes elegidos mediante el voto, es decir, el poder del ciudadano era delegado en las autoridades elegidas para gobernar: la autoridad nacional (presidente), regional (gobernador), local (alcalde) y en las corporaciones públicas (Congreso, asambleas, concejos) para legislar y coadministrar.
Los partidos políticos son organizaciones creadas legalmente para promover la participación ciudadana en la vida democrática y en la conformación del poder político. Juegan un papel importante, pues son ellos y los grupos significativos de ciudadanos los que compiten democráticamente con sus candidatos en las elecciones en busca del poder político para gobernar.
El ideal de democracia es la directa, o sea, aquella en la que para aspirar a un cargo de elección popular no exista ninguna traba para el ciudadano, como la de pertenecer a un partido o grupo de ciudadanos. El único requisito para ejercer el derecho de elegir y ser elegido a un cargo de elección popular debería ser el de ciudadano, para esto no se le debe imponer al ciudadano la obligación de estar afiliado a una colectividad política, o pertenecer a un movimiento o grupo significativo de ciudadanos. Basta que cualquier ciudadano quiera postular su nombre para un cargo para que se le permita inscribirse como candidato, sin necesitar de aval de partido político; solo como manda la Constitución, ejerciendo su derecho a elegir y ser elegido, sin más condición o requisito que ser ciudadano.
El aval político es una sinvergüencería, limita el ejercicio libre de participar en las elecciones y de ser elegido. Se ha convertido en un instrumento que ha prostituido la política y sirve como espada de Dámocles para excluir militantes, o en negocio para vender avales. No deberían existir en un sistema democrático.
La Constitución dice en el artículo 2 que somos una democracia participativa, y el artículo 40, que ser ciudadano nos da derecho a elegir y ser elegido, entonces, por qué poner obstáculos a esos mandatos que emanan directamente de la Constitución Política, exigiendo pertenecer a partidos políticos o grupo significativo de ciudadanos, tener aval de un partido político para participar en unas elecciones. ¿No se supone que son derechos que tienen su fuente directa en la Constitución y ni la ley podría limitarlos so pretexto de reglamentación -porque si lo hace- los coarta e impide el ejercicio de esa forma de democracia y de tales derechos?
Es hora que nuestra democracia avance y se elija no solo al presidente, alcaldes, gobernadores, diputados, congresistas, concejales y ediles, sino tambien democráticamente al fiscal General, procurador, contralor, registrador Nacional, Defensor del Pueblo y otras autoridades nacionales y locales.
Una elección así garantizaría una democracia plena y la independencia real de los órganos de control y otros poderes públicos con respecto del poder del ejecutivo, donde el presidente dejaría de participar en la nominación y elección de tales funcionarios, pues los elegidos recibirían un poder delegado directamente del pueblo, depositario de la soberanía del poder público.
Las elecciones nuestras en la práctica no son las más democráticas, libres y transparentes, hay vicios políticos como la compra de votos, costo de las campañas, corrupción de funcionarios electorales, un código electoral obsoleto y una legislación dispersa; problemas que hay que superar expidiendo una Ley Electoral actualizada, modernizar el sistema electoral, implementar el voto electrónico; las auditorias pre, durante y posterior a los comicios; autoridades electorales autónomas, personal auxiliar capacitado en sus funciones, pedagogía electoral y responsabilidad del elector.
Con un sistema electoral que haga realidad en la práctica la democracia participativa, Colombia tendría una democracia sólida y plena, sin trabas para que el ciudadano pueda ejercer su derecho a elegir y ser elegido; participar en la conformación del poder político solo con tener la calidad de ciudadano en ejercicio, sin aval de ninguna clase.
El tradicional concepto de democracia no compagina con la realidad de hoy. Por lo costoso que es participar en política, no podemos decir que la democracia sea el “gobierno del pueblo” porque no cualquier ciudadano del pueblo tiene la posibilidad real de gobernar, solo una minoría con capacidad económica para gastar miles de millones de pesos puede ser desde alcalde hasta presidente.
