Por Fabio Olea
Pasó la consulta del Partido Liberal que escogió a su candidato a la Presidencia y que nos costó, a los contribuyentes, $40 mil millones y aún retumba el eco de indignación de todo un país que vio como tan pírrica participación ciudadana no justifica semejante gasto, con una votación que apenas llegó al 2% de los electores y una abstención del 98%.
No hay derecho a semejante despilfarro de plata en un país tan pobre como el nuestro; con esos cuarenta mil millones de pesos qué no se podría haber hecho –me pregunto– y enseguida viene a mi mente la imagen de los niños famélicos de La Guajira, que se mueren de hambre y de sed ante la indolencia de una clase política que, por encima del bienestar general de la gente, malgasta el dinero público en una elección que solo sirve a sus intereses, con la gabela, además, que ese partido recibirá del Gobierno –por reposición de votos– otros 3.200 millones de pesos. Como quien dice, hicieron el negocio redondo. Así cuando va a haber paz en un país con tanta indolencia, inmoralidad y falta de respeto de la clase gobernante con nuestro pobre pueblo.
Hasta el frívolo presentador de televisión, J. Mario Valencia, dijo que era una “idiotez” gastar ese dinero en un país donde no hay acueductos, donde las EPS no atienden a la gente, no les dan una cita, le niegan su pensión. “Es una vergüenza que alguien o algunos permitan que se hagan este tipo de porquerías” –expresó– y razón no le falta.
Pero las posiciones extremas tampoco son buenas y por eso lo sucedido debe llamarnos a reflexionar de una manera razonable acerca de la conveniencia o no de la financiación de las consultas partidistas por el Estado, dejando claro que las consultas están autorizadas por la ley, lo cual las hace legitima, y su realización y financiación oficial son válidas, pues así está establecido en la ley.
En mi opinión, la financiación de las consultas previas antes de las presidenciables no debe estar a cargo del Estado sino asumirlas completamente los partidos políticos que participan en la consulta, pues si de lo que se trata es que sean los mismos partidarios o militantes activos de un partido los que escojan a su candidato, dichas consultas deberían ser cerradas y en ellas solo participar los ciudadanos de esos partidos, y no permitirse como pasa hoy que puedan votar cualquier ciudadano independiente de su afiliación o militancia política; en cambio, las elecciones para la Presidencia sí deben tener financiación total del Estado para evitar el desequilibrio económico y la ventaja que pudiera significar para un partido, frente al otro, la de contar con mayores recursos financieros, con lo cual se pudiera romper la igualdad de condiciones en las que deberían competir por el poder.
Se dirá que sostener la democracia cuesta y que es mejor una elección con la participación directa del sufragarte, así nos cueste millones y con escasa participación, que escoger a dedo a un candidato, o por una minoría o grupúsculo de personas, o cualquier otra forma antidemocrática, lo cual no tiene sustento en estos tiempos de modernidad y avance tecnológico de las comunicaciones, donde se puede contratar una firma encuestadora para realizar una consulta de esta clase, técnicamente bien elaborada y tan válida y confiable como una votación tradicional, que de seguro nos costaría menos de los 43 mil millones que nos costó la del pasado 19 de noviembre.
Como la nuestra es ciertamente una democracia participativa, desde luego que el Estado no puede sustraerse del todo al cumplimiento de su misión institucional de garantizar la vigencia de un orden democrático, de ahí que se haga necesaria la financiación estatal solo para las elecciones presidenciales a fin de garantizar la supervivencia del Estado democrático y la igualdad de oportunidades de los candidatos y partidos, pero que sean estos quienes asuman lo propio frente a sus consultas internas partidistas.
