En la población guajira pareciera que los cambios culturales consecuencian también cambios genéticos pues no de otra forma se podrían explicar tantas situaciones anómalas que aquí ocurren y que no sé si pasan desapercibidas o que nos hacemos los ciegos y sordos –los pendejos, dirían otros– frente a ellas aunque nos golpeen despiadadamente en nuestra realidad cercana.
El Estado central decretó nuestra región como el oscuro universo de la corrupción, y nosotros, sin análisis ni pruebas, lo asumimos como verdad revelada y comenzamos a vivir una nueva existencia, no ya como sociedad en camino a la perfección sino como sociedad delincuencial, cuyo fin parece ser otra bomba como la de Sodoma o la de Gomorra.
En vista de esa asunción como delincuentes irredimibles, el gobierno que nos decretó tal condición, nos impuso, mediante resolución 0459 del 21 de febrero del año 2017, la intervención administrativa, y no sé si financiera también, en la prestación de los servicios de educación, salud y saneamiento básico, para lo cual envió un personal de otras regiones del país que al parecer eran los chachos para darle fin a esta situación que nos mantenía en el marginamiento económico y moral, es decir, en la miseria.
Pero vaya uno a saber si es que no eran tan buenos o quizás se contagiaron de la enfermedad que pretendían curar –caso común en estos abordajes mal programados– y al día de hoy, dos años después de iniciado el experimento, podemos afirmar, a boca llena, como dicen en mi pueblo, y sin temor a equívocos, que no sólo no hemos avanzado en esas realidades que se buscaban superar, sino que al contrario, hemos descendido a estadios nunca vistos en nuestra sufrida tierra.
No me referiré a los servicios de salud, no es necesario; tampoco al saneamiento básico del cual basta con saber que hemos pasado de Villa de San Agustín a Villa Turbina, porque es en educación, a pesar de que los anteriores servicios son vitales y este último no lo es, donde hemos involucionado tanto, que en esta denominada “Era de la intervención cachaca”, seguimos ocupando el honroso último lugar en las pruebas Saber, los docentes nuevos se nombran para el segundo semestre y el primero lo pierden los estudiantes o, peor aún, un nuevo modelo de esclavitud se ha estructurado en el Magisterio de manera tal que los docentes trabajan gratis el primer semestre en procura que los nombren para el segundo.
Más grave sucede con el programa PAE que fue la gota que decidió la intervención; el año pasado sometió a física hambre, y sometió a deserción escolar, a los menores que de él se benefician pues sólo se vino a implementar la última semana de septiembre –igual había ocurrido en 2017– y que este año de 2019 comienza con menos del 10% de los estudiantes presentes en las escuelas. Y dado que este es un año político, en el que se necesitan ingentes cantidades de dineros para competir por los cargos de elección popular, alguien tiene que vigilar que no sean los dineros de este programa los que se inviertan en compra de votos y puestos burocráticos. ¿Qué les parece los padres de familia?
Termino denunciando lo afirmado anteriormente sobre realidades inéditas en nuestra región: Hoy se encuentran en las puertas de los colegios, decenas de padres, madres de familia y menores de edad llorando porque los rectores de las instituciones educativas públicas les niegan el derecho a la educación alegando la falta de cupos porque el tan cacareado equipo de intervención no ha construido un solo salón de clases, todo lo cual conduce a la pregunta ¿intervención para qué? Y la respuesta que a mí me asoma es: para repartir más dineros entre los burócratas y menos entre las escuelas y los estudiantes. Pregunto: ¿aplaudimos o lloramos?
