Con un sospechoso afán, la Unidad de Planeación Minero Energética –Upme– y la Comisión de Regulación de Energía y Gas –Creg– se encuentran trabajando en los ajustes regulatorios para iniciar una nueva convocatoria de adjudicación para la construcción de la Regasificadora del Pacífico, ubicada en Buenaventura.
Un proceso que, por los tiempos, la falta de claridad en la estructuración del proyecto y los interrogantes a la megaobra, aún sin resolver, debería quedar en manos del próximo Gobierno. En varias ocasiones y a través de este espacio editorial, he llamado la atención sobre lo inconveniente que resulta para el país la construcción de esta planta.
A nuestros cuestionamientos, se siguen sumando voces de distintos actores de la sociedad civil, expertos del sector, líderes de opinión, la Dimar, empresas productoras de gas y servidores públicos, quienes advierten sobre los impactos peligrosamente negativos que conllevaría la puesta en marcha de la obra, entre ellos, el incremento en las facturas de gas para los hogares, las pequeñas y medianas empresas, así como las grandes industrias.
Hace unos meses, la Contraloría General de la República señaló que: “…para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos (correspondiente a una tarifa de $28.800), la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta $38.000 mensuales, a partir de 2024, es decir un incremento de 32 % en tres años”.
También, advirtió que el proyecto representa un riesgo porque puede llegar a tener una infraestructura improductiva, si no se presenta el supuesto déficit de gas que se daría en 2024. Exactamente, lo que venimos diciendo desde 2018. La insistencia del Ministerio de Minas y Energía frente a la adjudicación enciende las alarmas sobre los intereses que puedan existir detrás de un proyecto que carece de sustento técnico, y que, sin lugar a dudas, afectará la economía de los colombianos y la producción local.
En los ajustes que están realizando la Upme y la Creg para dejar lista la nueva convocatoria, estarían favoreciendo a los inversionistas, un ejemplo es la ampliación del plazo para el inicio de operación de la planta, que pasaría del año 2024 al 2027. Algo absurdo, si tenemos en cuenta que la planta se construiría para suplir el supuesto déficit de gas natural de 2024, la mentira que han creado para justificar la obra. Así las cosas, en los próximos días, una vez más se publicarán las amañadas resoluciones de la Creg. Tal y como lo denunciamos con la resolución 007/2021 para ajustar los procedimientos de selección de la infraestructura de importación de gas del Pacífico, que estableció incentivos por fecha anticipada de puesta en operación y un jugoso beneficio para los inversionistas privados, a quienes se les estaría premiando por las demoras en la construcción del gasoducto, con pagos antes de que entre en operación, además del obsequio de un bono del 8%. Es una falta de respeto con los colombianos y el Gobierno entrante, que se quiera dejar amarrada una obra tan cuestionada.
Haciendo caso omiso a la realidad nacional, estas entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía, preparan un nuevo golpe a la economía de los colombianos. Hacemos un llamado al Presidente de la República, Iván Duque, a que solicite la suspensión del inicio del proceso de adjudicación de la regasificadora del Pacífico, hasta tanto se resuelvan los interrogantes relacionados con los costos, la infraestructura, entrada en operación e impacto en la demanda y el medio ambiente.
