Muchas son las denuncias, muchas son las quejas, pero ninguna se materializa o se hace visible ante las entidades u órganos de control, quienes finalmente tienen la exigencia normativa de escuchar a sus querellantes. Los temas de conflicto e interés general en la educación pública son de trillada y constante denuncia, como lo son: el plan de alimentación escolar, transporte escolar y gratuidad escolar.
Sin embargo, cuando algunos docentes sentimos que nuestra formación como maestro de aula no solo debe limitarse a la mera enseñanza de números, letras y demás, sino que también debe estar incluida la parte humana, solidaria y social que afecta a nuestros educandos.
Desde el inicio de la pandemia en el año 2020, nuestros salones de clase se quedaron solos sin el ruido, gritos y bullicio a que nos acostumbran nuestros estudiantes en su permanencia en la escuela y recreos. Las quejas por las entregas de las raciones de alimentos para preparar en casa en su mínimo contenido, no eran de satisfacción. La lucha para la entrega de guías con el dinero de gratuidad escolar dado por el Gobierno nacional también fue un descontento y pelea contra quien representa legalmente la escuela. Muchos docentes fueron timados por el rector a que no entregaran guías en físico porque el presupuesto era escaso. Los padres llamaban a los docentes para averiguar por estas sin obtener una verdadera respuesta.
Ante lo que anterior creíamos que era un atropello que no debía ocurrir. Docentes comprometidos nos involucramos en esa discusión, generando con ello el descontento administrativo y señalamientos directos. Aquí lo que prevalecía era el derecho de nuestros alumnos y seguir la legalidad de las directrices del Ministerio de Educación. Pero cuán sorpresa cuando conocimos que mensualmente, los mismos padres reclamantes de derechos, mes a mes firmaron las actas de envío obligado a la Secretaría de Educación departamental o a la otrora Asunción Temporal, manifestando ellos con su firma, su total conformidad y aceptación en las raciones entregadas por el PAE. Aún lo hacen. Otros, resignados porque la respuesta insistente que la escuela no dispone de recursos económicos, deciden acudir a su escaso pecunio familiar para imprimir las guías de estudio de sus hijos. Entonces, ¿a qué jugamos?
¿Dónde quedó esa lucha indomable por el bienestar, futuro y exigencia por su acudido? El desgaste profesional de los docentes comprometidos con el estudio de sus hijos. Todas esas rabias y deseos no fueron sino una mala pasada o de momento. ¿Por qué ya no se reclama? ¿Por qué ahora nos importa mucho o nada si entregan el PAE o no? Ahora callamos. Podemos concluir que, desde la escuela en concurso directo o indirecto de los padres de familia y alumnos se convive con actos de corrupción patrocinados por quienes imploran justicia, educación y derechos que al final cesan cuando se consigue solución individual y no colectiva.
