El derecho a la protesta está consagrado en la Constitución, pero la modalidad de los paros con los cierres de vías resultan además de la opción más realizada, también la más eficaz por el impacto negativo que tiene al impedir el tránsito de vehículos y generar la congestión y parálisis del transporte terrestre de todo tipo.
Lo anterior obliga a las autoridades competentes del orden oficial y hasta entes del sector privado a entablar mesas de diálogos y concertación para llegar a los acuerdos pertinentes y levantar las protestas y bloqueos para normalizar el sistema de transporte.
Desafortunadamente en La Guajira se viene abusando de este mecanismo de defensa de los intereses colectivos y se generan crisis por los reiterados cierres en distintos lugares y por diversas razones.
Cabe indicar, que el derecho a la protesta no puede vulnerar los demás derechos de la sociedad civil y entre ellos el derecho al libre tránsito y movilidad por las vías. Se viene presentando la anómala situación en algunos puntos de cierre en donde los manifestantes están impidiendo el paso de los viajeros a pie y que buscan sobrepasar los cierres y hacer trasbordos para llegar a su destino.
Una cosa es cerrar las vías e impedir el tránsito de vehículos y motocicletas y otra es tratar de retener a los viajeros en los sitios de los taponamientos de las carreteras e impedirles su paso caminando, eso sí es ilegal y se considera retención y violaciones de libertades individuales. Toca respaldar las luchas sociales por la reivindicación de derechos sociales y exigencias de soluciones a las problemáticas que aquejan a los distintos sectores poblacionales; pero igualmente toca propender por la no vulnerabilidad de los derechos de la gente del común.
Se aprovechan del poder mediático de las redes sociales, anuncian un paro y lo convierten en noticia. A través de las redes sociales las imágenes y videos referencias se vuelven virales y logran su objetivo, acaparan atención de una audiencia de miles de personas en toda La Guajira y departamentos vecinos, generan temor de afectación en las empresas mineras y subcontratistas, alertan al sector del transporte y turismo, logran la atención del Gobernador, Alcaldes y gerentes de empresas. Entonces establecen mesas de trabajo y concertación con un pliego amplio de peticiones y después de firmar actas de compromisos, abortan o aplazan la realización del tan cacareado paro amenazador.
El problema es que con esa acta de compromisos en su gran mayoría extensa o difícil de cuantificar su cristalización, al cabo de un tiempo determinado, entonces si consideran que hay razón suficiente para el cierre del territorio guajiro por el incumplimiento de los acuerdos pactados y firmados, vuelven a hacer paro. Es un ciclo vicioso que ya es un Deja Vu cada año.
Lo cierto, es que curiosa y paradójicamente después de los paros amparados en la defensa de los derechos del transporte escolar, de la alimentación escolar y del empleo, la constante es que los líderes de los paros y sus fundaciones, ONG o familiares cercanos, resultan beneficiarios de los contratos de alimentación escolar, transporte escolar, atención en programas del Icbf y del empleo y contratación estatal y con empresas privadas.
La protesta social se volvió un negocio redondo, los líderes reciben notorios beneficios y las comunidades permanecen padeciendo las mismas necesidades eternamente. Por todo lo anterior las bases populares ya no tragan entero y no se dejan manipular por estos líderes avivatos que detrás de la excusa de la defensa del interés común, solo persiguen sus intereses personales. Es la realidad de todo lo que sucede en La Guajira con los paros y los bloqueos.
