El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena en contra de Carlos Gustavo Palacino Antia, expresidente de la extinta EPS Saludcoop, y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, exvicepresidente financiero de la entidad, por su responsabilidad en una serie de maniobras fraudulentas que permitieron el desvío de millonarios recursos del sistema de salud colombiano. Los dos exdirectivos fueron hallados culpables de los delitos de estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado.
La sentencia, de segunda instancia, establece una pena de 15 años y un mes de prisión para cada uno, además del pago de una multa equivalente a 820 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de siete años y ocho meses para ejercer funciones públicas. Esta decisión confirma el fallo emitido en primera instancia y responde a la gravedad de los hechos cometidos entre enero de 2010 y mayo de 2011, cuando los procesados, aprovechando sus cargos, ejecutaron un esquema sistemático para desviar fondos públicos.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Palacino y Sabogal emitieron cheques supuestamente destinados al pago de servicios médicos y atención de pacientes, pero estos nunca fueron entregados a sus destinatarios reales. En cambio, los documentos eran anulados o simplemente archivados. Pese a ello, Saludcoop reportaba ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) que los pagos se habían efectuado, logrando recibir más de 14.269 millones de pesos a través de 2.912 recobros injustificados.
Adicionalmente, el fallo judicial evidencia otras irregularidades por parte de los condenados, como el incumplimiento en los pagos a prestadores de servicios por procedimientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), y la deliberada ocultación de la crítica situación financiera que atravesaba la EPS. Estas acciones no solo perjudicaron gravemente las finanzas del sistema de salud, sino que también afectaron la atención de miles de usuarios.
La condena aún puede ser objeto de recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, aunque la ratificación del Tribunal Superior representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción en el sector salud y en la búsqueda de justicia frente a uno de los casos más emblemáticos de malversación de recursos públicos en el país.
