El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó suspender provisionalmente la intervención estatal de Coosalud EPS y restituir su administración a los representantes de sus propietarios, tras considerar que las…
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El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó suspender provisionalmente la intervención estatal de Coosalud EPS y restituir su administración a los representantes de sus propietarios, tras considerar que las medidas adoptadas para recuperar la estabilidad financiera y administrativa de la entidad no alcanzaron los resultados esperados. La decisión fue tomada por el magistrado Luis Miguel Villalobos, en el marco de una acción popular, y representa un nuevo cuestionamiento a la gestión de la intervención durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La determinación involucra a una de las EPS con mayor número de afiliados en el país, cuya sede principal se encuentra en Cartagena y que presta servicios a cerca de tres millones de personas. El Tribunal consideró que, pese al tiempo transcurrido, no se evidenciaron avances satisfactorios en el plan de acción establecido para superar las dificultades que motivaron la toma de posesión de la entidad.
La intervención administrativa tuvo un nuevo capítulo el 22 de noviembre de 2024, cuando la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Coosalud EPS S.A. y dispuso su intervención forzosa. Posteriormente, el 21 de noviembre de 2025, la medida fue prorrogada por otros 12 meses, por lo que inicialmente estaba prevista hasta noviembre de 2026.
La solicitud que dio origen al pronunciamiento fue presentada por la Cooperativa Coosalud, cuya defensa jurídica está a cargo del abogado Julián Quintana. La organización pidió dejar sin efectos las resoluciones de la Superintendencia Nacional de Salud que ordenaron y extendieron la intervención. Como sustento, presentó informes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, en los que se advertían dificultades financieras, administrativas y en la prestación de los servicios médicos.
Entre las irregularidades señaladas figuraban el aumento de peticiones, quejas y reclamos de los usuarios, las acciones de tutela y desacatos, los inconvenientes para la entrega de medicamentos y los constantes cambios de agentes interventores. Los organismos de control también advirtieron sobre el deterioro de indicadores relacionados con la atención en salud, la estabilidad económica y el cumplimiento de decisiones judiciales.
Aunque la Superintendencia Nacional de Salud y el agente interventor se opusieron a la solicitud, el magistrado consideró que los elementos aportados justificaban suspender provisionalmente las resoluciones que mantenían el control estatal. En consecuencia, ordenó restablecer la administración y representación legal de Coosalud EPS a Jaime González Montaño y Natalia Largo González, quienes deberán asumir nuevamente la dirección de la entidad.
La medida busca proteger los intereses de los afiliados mientras continúa el proceso judicial. Sin embargo, se trata de una decisión cautelar y no de una sentencia definitiva sobre la legalidad de la intervención, por lo que la acción popular seguirá su curso hasta que el Tribunal resuelva de fondo el caso.
