El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Presidencia de la República (Dapre) y la Fiduprevisora, por supuestamente incumplir la obligación de publicar íntegramente los documentos contractuales relacionados con los fondos asignados a la política de paz total. Este señalamiento se basa en la presunta violación del artículo 17 de la Ley 2272 de 2022, que exige la transparencia en la gestión de estos recursos.
Según la Fundación, el Gobierno administra los recursos destinados a las negociaciones de paz a través de tres fondos: el Fondo Colombia en Paz, el Fondo Multidonantes de la ONU y el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz). Sin embargo, denuncian que desde hace meses no se han divulgado los documentos correspondientes a la ejecución de estos recursos en plataformas oficiales como el Secop II ni en los portales web de las entidades involucradas.
La normativa establece que toda la documentación generada durante las fases precontractual, contractual y poscontractual debe ser publicada dentro de los diez días posteriores a su creación, con el objetivo de garantizar el control social y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La Fundación destacó que documentos clave, como convocatorias públicas, propuestas de oferentes, informes de cumplimiento y actas de liquidación, no están disponibles. Además, denunció que, en junio de 2023, la Fiduprevisora aprobó un procedimiento que permite omitir la publicación de ciertas actividades contractuales del Fondo Colombia en Paz.
En octubre de 2023, el Dapre emitió un memorando que flexibiliza los criterios y plazos para publicar información contractual del Fondo Especial para la Paz, permitiendo la divulgación parcial de los documentos a discreción de los funcionarios encargados.
La Fundación presentó la demanda en agosto de 2024, argumentando que la falta de transparencia obstaculiza el control ciudadano y vulnera los principios de publicidad y claridad en la gestión de recursos públicos.
Andrés Caro, director de la Fundación, manifestó su preocupación: “La publicación de los contratos en todas sus etapas no es opcional; es un mandato legal. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se manejan los recursos destinados a la paz, un asunto de enorme trascendencia para el país”.
El Tribunal evaluará el caso, mientras la Fundación insiste en que la transparencia es esencial para garantizar la legitimidad de la política de paz total.
