Una contundente respuesta emitió en las últimas horas la JEP al antiguo secretariado de las Farc, que en una carta dirigida al presidente Petro, manifiestaron posibles incumplimientos de esta Jurisdicción Especial al acuerdo de paz.
La misiva de los firmanes de paz se produce luego de que el Tribunal citara para el 12 y 13 de agosto a nueve exmiembros de las extintas Farc-EP a rendir versión y aportar verdad sobre el atentado al Club El Nogal, cometido en Bogotá el 7 de febrero de 2023 y que dejó 36 personas muertas y 198 heridas.
En el documento firmado por Rodrigo Londoño (Timochenko); Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda, también enfatizaron que hay poca agilidad por parte de la JEP con relación a las amnistías.
“De un total de 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP, tan solo 688 han sido concedidas y 3.804 han sido negadas”, subrayaron.
Respuesta de la JEP
En un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratifica que es el mecanismo de justicia del Acuerdo Final de Paz y que el marco de actuación fue establecido en la Constitución Política y las leyes de procedimiento y estatutaria.
“El diseño de la Jurisdicción estableció un conjunto de beneficios jurídicos que están sujetos al cumplimiento de un régimen de condiciones que todos los comparecientes deben cumplir; entiéndase Fuerza Pública, agentes de Estado, terceros y los antiguos miembros de las extintas Farc-EP. El propósito principal de esta jurisdicción transicional es el esclarecimiento de la verdad y la garantía de los derechos de las víctimas. La imputación de los crímenes bajo el derecho internacional a los máximos responsables es una obligación constitucional y legal que este tribunal está desarrollando y seguirá cumpliendo con el mayor rigor y transparencia”, agrega el Tribunal que preside, el magistrado Roberto Carlos Vidal López.
Así las cosas, recalca la JEP, que aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones e incumplan de manera grave sus compromisos, están sujetos a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones, los procedimientos y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria.
“La Jurisdicción reitera a los firmantes de paz que se sometieron ante este tribunal, que no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional. Los ciudadanos, los firmantes y todos los intervinientes ante la JEP cuentan con los mecanismos procesales pertinentes para discutir las decisiones de la magistratura”, añade.
Finalmente hace un llamado a la sociedad, a las víctimas, a los organismos internacionales, a los organismos de control, las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación y al Gobierno nacional para rodear el Acuerdo Final de Paz y velar por el respeto y autonomía de la JEP.
