El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis manifestó que siete municipios del sur del departamento de Bolívar están corriendo un riesgo, catalogado como alto, debido a hechos violentos de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de la guerrilla del ELN.
El pronunciamiento del Defensor está sustentado en la Alerta Temprana 003 del 2024, recién emitida para Achí, Altos de Rosario, Barranco de Loba, El Peñón, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba y Tiquisio.
El Defensor del Pueblo manifestó que “las acciones de los dos grupos armados ilegales están causando desplazamientos forzados, extorsiones, y algunos menores de edad vienen siendo instrumentalizados para actos delictivos”.
En el documento de prevención y advertencia, de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría del Pueblo les solicita a las autoridades la adopción de medidas para prevenir y evitar que hechos, como la imposición de ‘normas de conducta’ y cobro de ‘multas’ de las estructuras al margen de la ley y su accionar violento, afecten la vida, libertad, movilidad y seguridad de las poblaciones identificadas como de alto riesgo.
Mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por el control de la minería ilegal en el sur de Bolívar, extorsiona a los mineros y se disputa territorios con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), el bloque ‘Aristides Meza Páez’ de las AGC ha causado homicidios, desplazamientos forzados y extorsiones.
Precisamente, uno de los delitos más graves es el de la extorsión, pues, según corroboró la entidad, van dirigidas principalmente contra servidores públicos, pescadores, docentes, mototaxistas, transportadores, tenderos, comerciantes y ganaderos. Lo hacen de manera presencial, con hombres en motos, o a través de llamadas telefónicas y audios intimidantes.
Las exigencias varían según los municipios, los contratos y otros factores, como por ejemplo el nivel de ingresos o posesiones: van desde el 10% del salario o del contrato (en el caso de los contratistas); algunos ganaderos deben pagar $50.000 por cabeza de ganado o hay cobros de impuesto sobre las bebidas alcohólicas, como 2500 pesos por canasta de cerveza vendida. Incluso una empresa de suministro de gas tuvo que cortar el servicio durante un día, ante las amenazas por no pagar extorsiones.
“Teniendo en cuenta nuestra preocupación por el respeto a los derechos humanos de la población del sur de Bolívar, una región tan bella y a la vez tan golpeada por la violencia, hemos recomendado la implementación de medidas inmediatas en prevención y protección para que sea contrarrestado el accionar de los grupos armados ilegales y, a la vez, puestos en funcionamiento programas que incrementen o mejoren el capital social y humano de las familias en esa región del norte del país”, indicó Carlos Camargo Assis.
