El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que el Gobierno de Gustavo Petro ha iniciado el proceso de contratación para adquirir glifosato, con el fin de retomar su uso en la erradicación terrestre de cultivos ilícitos en Colombia. La medida marca el regreso oficial del herbicida al programa de lucha contra las drogas, luego de años de controversia y suspensiones judiciales.
Aunque la aspersión aérea con glifosato permanece suspendida desde 2015, cuando fue vetada por la Corte Constitucional durante el mandato de Juan Manuel Santos, la compra del químico busca fortalecer la erradicación terrestre. Según el ministro Sánchez, “el Gobierno avanza en tener todas las herramientas disponibles para afectar este delito”, aunque insistió en que la prioridad sigue siendo la sustitución voluntaria de cultivos de coca por alternativas sostenibles y rentables.
La confirmación se da luego de que el diario El Tiempo revelara que la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional abrió el pasado 26 de febrero un proceso contractual para adquirir el herbicida con base en glifosato, usado comúnmente en la agricultura y jardinería, pero polémico en contextos de erradicación forzosa.
El uso del glifosato ha sido motivo de fuertes debates en Colombia. La Corte Constitucional lo prohibió para fumigación aérea hace una década por considerarlo potencialmente cancerígeno y perjudicial para el medio ambiente, según advertencias de la OMS. Aunque dejó abierta la puerta a su reactivación bajo estrictas condiciones sanitarias y ambientales, los intentos de gobiernos anteriores, como el de Iván Duque, no lograron superar los requisitos judiciales.
Paradójicamente, el presidente Petro ha sido uno de los más férreos críticos del glifosato, asegurando que «no sirve y criminaliza a los campesinos». Sin embargo, el ministro Sánchez explicó que se trata de una estrategia amplia: «Esperamos que funcione tan bien la sustitución de cultivos que no sea necesario emplear este método”.
La decisión reabre el debate nacional sobre las políticas antidrogas y los efectos sociales y ambientales de las estrategias utilizadas para combatir los cultivos ilícitos en el país.
