Una denuncia que involucra violencia sexual, omisión institucional y riesgo de separación forzada entre madre e hijo ha generado gran preocupación en torno al sistema penitenciario colombiano. Se trata del caso de una mujer privada de la libertad que, según su abogado, quedó embarazada luego de ser presuntamente abusada por dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) cuando se encontraba recluida en la cárcel El Pedregal, en Medellín.
Actualmente, la mujer se encuentra detenida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, a pocos días de dar a luz. Sin embargo, a pesar de que un juez ya ordenó su traslado inmediato a un pabellón especial para mujeres gestantes —espacio que ofrece condiciones mínimas de dignidad, atención médica y cuidado prenatal—, la decisión judicial aún no ha sido cumplida. Esta omisión, denuncian su defensa y organizaciones de derechos humanos, podría poner en riesgo no solo la salud de la madre, sino también la del bebé que está por nacer.
El abogado Felipe Alzate, quien representa legalmente a la mujer, aseguró que la reclusa podría dar a luz en condiciones precarias, sin atención médica oportuna y sin garantías mínimas de seguridad. De ocurrir esto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) podría declarar la separación del recién nacido, lo cual agravaría aún más la situación, constituyéndose en una nueva forma de violencia y revictimización ejercida por el propio Estado.
“La reclusa no solo fue víctima de una agresión sexual mientras estaba bajo custodia del Estado, sino que ahora enfrenta el abandono institucional. No podemos permitir que después de todo lo que ha vivido, también se le arrebate a su hijo. El Estado debe responder con acciones concretas y no con más indiferencia”, afirmó el abogado.
Para este lunes 12 de mayo está prevista una reunión entre los representantes legales de la mujer y funcionarios del ICBF, en la que se discutirá el futuro del menor. Aunque la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo ya han sido notificadas del caso y adelantan actuaciones, la defensa insiste en que el tiempo corre y que la omisión en el cumplimiento de la orden judicial podría tener consecuencias irreversibles.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las mujeres han exigido respuestas inmediatas, señalando que este caso pone en evidencia las fallas estructurales en el sistema penitenciario colombiano, especialmente en lo relacionado con la protección de las reclusas. También han solicitado que se investigue con celeridad a los dos funcionarios del INPEC señalados como presuntos responsables del abuso sexual, y que se tomen medidas ejemplares para que casos como este no se repitan.
La situación de esta reclusa no solo refleja un caso de violencia sexual y negligencia, sino también la precariedad del acceso a derechos básicos como la salud, la maternidad digna y la justicia dentro de los centros de reclusión del país. La comunidad jurídica y la sociedad civil observan con atención el desenlace de este caso, que podría sentar un precedente frente a la responsabilidad del Estado en la protección de mujeres víctimas dentro del sistema carcelario.
