Bucaramanga vuelve a estar en el centro del debate sobre maltrato animal tras conocerse que Alexander Parra Carrillo, de 50 años, quedó en libertad a pesar de haber sido condenado por ahorcar a un gato llamado ‘Michyn’. Este caso había adquirido relevancia porque se trató del primero en llegar a sentencia bajo la Ley Ángel, norma que busca sancionar de manera ejemplar el maltrato a los animales en Colombia.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2025, cuando Parra fue grabado mientras cometía el acto en la esquina del cambuche donde residía. Tras su captura, el hombre reconoció el delito y firmó un preacuerdo con la Fiscalía, que derivó en la sentencia del Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Bucaramanga. La condena, emitida el 11 de agosto, estableció 24 meses de prisión y el pago de una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales, pero al mismo tiempo se le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un periodo de prueba de dos años, lo que permitió su liberación el 14 de agosto.
La decisión judicial ha generado una fuerte reacción en la sociedad y entre colectivos animalistas. La plataforma ALTO, que promueve la protección de los animales, calificó la medida como un “mal precedente” y denunció que Parra sería un maltratador serial, señalando que otros animales en el barrio también habrían sido víctimas de agresiones similares. En su pronunciamiento, la organización hizo un llamado a fortalecer las leyes y a sancionar ejemplarmente este tipo de conductas para evitar la impunidad.
El caso también ha reabierto el debate sobre la eficacia de la Ley Ángel y sobre los mecanismos de justicia que buscan proteger a los animales, evidenciando la necesidad de revisar los criterios que permiten la suspensión condicional de penas en delitos de maltrato animal y garantizar que los responsables enfrenten sanciones proporcionales a la gravedad de sus actos.
