La Procuraduría General de la Nación inició acción preventiva con el fin de verificar las afirmaciones hechas por las comunidades indígenas en la comisión mixta entre el Gobierno nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca, sobre presuntas omisiones por parte de la Unidad Nacional de Protección y otras entidades del Estado, en las medidas adoptadas ante el riesgo inminente en el que se encontraba la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña.
En su intervención en la comisión, que se llevó a cabo en la sede administrativa de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, el Ministerio Público condenó el homicidio de la gobernadora, envió mensaje de solidaridad a las autoridades tradicionales y comunidades indígenas del Resguardo La Laguna Siberia, del territorio Sat Tama Kiwe y del Consejo Regional Indígena del Cauca, y exigió a las autoridades competentes acciones contundentes que permitan el esclarecimiento del crimen de la líder indígena.
Así mismo, solicitó a la comisión del gobierno poner especial atención y adoptar medidas ante las denuncias presentadas por las autoridades indígenas en este espacio de diálogo sobre compras de predios en algunas veredas de Caldono, aledañas a los territorios indígenas, con el fin de sembrar cultivos para uso ilícito; y enfatizó en la necesidad de que se investigue todos los aspectos que tienen que ver con tráfico de estupefacientes en la región.
Finalmente, la Procuraduría apoyó la solicitud del alcalde de Caldono, José Vicente Otero, y de las autoridades indígenas de realizar consejo de seguridad urgente para evaluar la problemática en el municipio.
