La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en tres investigaciones independientes contra el exgobernador del Amazonas y los exalcaldes de Leticia, Ibagué y Riohacha, por…
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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en tres investigaciones independientes contra el exgobernador del Amazonas y los exalcaldes de Leticia, Ibagué y Riohacha, por presuntas omisiones en la asignación de recursos presupuestales para el funcionamiento adecuado de centros de detención transitorios entre 2020 y 2023.
En el primer caso, el órgano de control disciplinario vinculó al exgobernador Jesús Galdino Cedeño y al exalcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza Muñoz, por no garantizar el servicio de alimentación a las personas privadas de la libertad (PPL) en la Estación de Policía de Leticia durante los meses de febrero, agosto y septiembre de 2020, y enero a abril de 2021.
El segundo proceso disciplinario involucra al exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, quien presuntamente omitió la inclusión de partidas presupuestales en los años 2021, 2022 y 2023 para cubrir los gastos operativos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y de la Estación de Policía La Permanente Central. Estos gastos contemplaban mejoras de infraestructura, adecuación de áreas para visitas conyugales y servicios de enfermería, dotación de kits de aseo, gastos de remisiones, entre otros elementos esenciales para la dignidad y salubridad de los reclusos.
El tercer pliego de cargos fue dictado contra el exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, por no destinar recursos suficientes para la atención de los Centros de Atención Transitoria, la Estación de Policía La 19 y las subestaciones de Cotoprix y Camarones durante los años 2020, 2021 y 2023.
Según la Procuraduría, en los tres casos se habría vulnerado el derecho a condiciones dignas de reclusión, al no garantizar la atención básica de una población que, por su situación de privación de libertad, merece una protección especial del Estado. Las autoridades locales y departamentales, de acuerdo con la ley, están obligadas a asegurar el presupuesto necesario para atender adecuadamente a esta población.
Por estos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta de los cuatro exmandatarios como una falta grave cometida con culpa grave.
