La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra Ana María Castaño Álvarez, exsecretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por presuntas irregularidades en un contrato de suministro de uniformes que asciende a casi $10 mil millones.
El contrato en cuestión, destinado a la dotación de kits de uniformes compuestos por gorras, chalecos y camibusos tipo polo para 6.633 funcionarios, contratistas y colaboradores de la Ungrd, habría fijado un costo de $1’507.533 pesos por kit, según información divulgada por medios de comunicación, este dato generó preocupaciones por posibles sobrecostos, ya que el monto total de la inversión se estima en $9.999.466.389 pesos.
En el marco de las investigaciones, la Procuraduría solicitó a la Ungrd documentación detallada de las etapas precontractual y contractual del proceso, incluidas las propuestas de los oferentes y las evaluaciones realizadas, con el propósito de determinar si existieron irregularidades. El ente de control enfatizó que busca establecer si hubo conductas disciplinarias, evaluar posibles faltas y determinar si se actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Deterioro de carrotanques en La Guajira
En paralelo, la Procuraduría también alertó sobre el estado de los carrotanques adquiridos por la Ungrd para suministrar agua potable en La Guajira, algunos de los cuales presentan graves daños, como abolladuras, oxidación y deterioro general, especialmente en los vehículos ubicados en el municipio de Uribia. Según el organismo, estos problemas son consecuencia del desuso prolongado y las condiciones climáticas adversas, caracterizadas por arenisca y polvo.
En un informe presentado el pasado 12 de diciembre, la Procuraduría recomendó a la Ungrd realizar una revisión exhaustiva de los carrotanques para garantizar su funcionalidad, estabilidad y seguridad, especialmente ante posibles riesgos de contaminación del agua potable; el organismo de control advirtió que la falta de mantenimiento podría generar mayores perjuicios a las comunidades afectadas y un detrimento patrimonial para el Estado.
El ente de control reiteró que estará vigilante para garantizar que el proceso de regionalización y entrega de los carrotanques se desarrolle conforme a los principios de transparencia, objetividad, economía y celeridad. Según el Plan de Acción formulado por la Ungrd, este proceso deberá concluir a más tardar el 28 de febrero de 2025.
