Incumplir los deberes contenidos en la Constitución; retardar el despacho de asuntos a su cargo; irregularidades en la administración de justicia; demorar los fallos por más tiempo del plazo fijado; extralimitación de funciones y acoso laboral, es el rosario de delitos por los cuales la Procuraduría tiene en la mira a 35 jueces penales militares –JPM– a quienes se les adelanta proceso.
La falta disciplinaria más investigada por la Procuraduría en contra de quienes hacen parte de la JPM es la de retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados. Por esta conducta hay activos 13 de los 35 procesos.
Los jueces 17, 59, 69, 72, 89, 126 y 169, todos de instrucción penal militar, son algunos de los funcionarios que están siendo investigados por haber, presuntamente, incurrido en esta falta.
Por irregularidades en administración de justicia, el ente disciplinario tiene en la mira a nueve funcionarios judiciales de ese régimen especial que es manejado por el Ministerio de Defensa. De esos nueve procesos hay uno que se le adelanta directamente a la Dirección Ejecutiva de la JPM por un proceso que involucra a la mayor Cristina Lombana.
Lombana es la actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia y quien hace unas semanas fue separada del proceso que se sigue en contra del senador Álvaro Uribe Vélez tras la recusación formulada por el también Iván Cepeda.
En el Ministerio Público el caso que la menciona se encuentra en etapa de indagación preliminar desde enero pasado y está relacionado con una denuncia que los soldados John Pérez Castaño y Yeison Adrián Suárez Álzate formularon en su contra en julio del año pasado.
