En una carta de tres párrafos, dirigida a la opinión pública, el presidente de la República, Gustavo Petro, informó que designó abogado para que lo represente en el caso judicial que la Fiscalía adelanta en contra de su hijo Nicolás Petro, quien denunció que a la campaña presidencial de 2022, sí ingresaron dineros ilegales.
El mandatario colombiano nombró como su apoderado al conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava, en el proceso que envuelve en un escándalo al Gobierno Nacional tras los señalamientos de su hijo mayor, quien es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
“Recibo con dolor a nivel personal las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la Costa. En cuanto a la institución sin vacilación alguna afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial con el debido proceso y todas las garantías constitucionales.
Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda. Para tal efecto le he otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente.
Por otro lado, continuaré decididamente con la agenda presidencial, nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción y el Gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor”, se lee en el comunicado.
Para este viernes está programada la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y su exesposa Daysuris Vásquez, quienes han revelado una serie de informaciones relevantes sobre la posible financiación de dineros de dudosa procedencia de parte de Santander Lopesierra (conocido como ‘El Hombre Malboro), del ‘Turco’ Hilsaca y de Oscar Camacho y otros recursos de empresarios, que no fueron reportados y que sobrepasaron los topes permitidos.
Entretanto, la Fiscalía presentó un organigrama en el cual están mencionados exministros, abogados, narcos y funcionarios, quienes presuntamente habrían ayudado de una manera u otra al hijo del presidente y su exesposa, quienes aumentaron su patrimonio económico de manera injustificada.
El ente acusador relacionó a 27 personas, muchos de ellos del alto gobierno que, presuntamente ayudaron a mover dineros de manera irregular.
El congresista Jota Pe Hernández anunció haber denunciado al presidente ante la Comisión de Acusaciones del Congreso, tras las revelaciones de dineros irregulares a la campaña.
