El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, defendió el modelo de justicia restaurativa como un instrumento determinante para cerrar más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia y sostuvo que, pese a las críticas que ha recibido el tribunal, este mecanismo ha permitido avanzar hacia la verdad, la reparación de las víctimas y la consolidación de la paz.
En entrevista con la agencia EFE, Ramelli aseguró que, aunque ningún sistema judicial es perfecto, la justicia transicional representó la mejor alternativa para poner fin al enfrentamiento con la extinta guerrilla de las FARC. Incluso, planteó que, sin la implementación de este modelo derivado del Acuerdo de Paz de 2016, el país habría prolongado la guerra durante varios años más.
Sus declaraciones se producen luego de los cuestionamientos formulados por el presidente electo, Abelardo De la Espriella, quien durante la campaña presidencial calificó a la JEP como un organismo politizado, criticó sus resultados y cuestionó la destinación de recursos públicos para su funcionamiento. Además, manifestó su intención de impedir, dentro del marco constitucional, que continúe el financiamiento de la jurisdicción.
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Frente a esas afirmaciones, Ramelli insistió en la necesidad de preservar la independencia judicial, el respeto por la separación de poderes y la autonomía de los magistrados. En ese sentido, reveló que, desde la elección de De la Espriella el pasado 21 de junio, no se ha concretado ningún encuentro entre representantes del Gobierno entrante y la JEP, pese a las invitaciones formuladas por el tribunal para establecer canales de diálogo institucional antes del relevo presidencial del 7 de agosto.
El magistrado también se refirió a la ejecución de las primeras sanciones restaurativas dictadas por la jurisdicción. Recordó que el pasado 1 de julio fueron ratificadas las sentencias contra siete antiguos integrantes de las FARC por secuestros y crímenes de guerra, así como contra 12 exmilitares responsables de homicidios y desapariciones forzadas en la región Caribe. Debido a su colaboración con la justicia, los condenados cumplirán sanciones restaurativas, cuya ejecución está prevista para iniciar el 15 de agosto.
Sin embargo, advirtió que el desarrollo integral de estas decisiones requiere una importante financiación. Si bien la cooperación internacional aportará parte de los recursos, Ramelli enfatizó que corresponde al Estado colombiano garantizar el presupuesto restante para hacer viables los proyectos restaurativos y asegurar que las víctimas reciban una reparación efectiva.
Aunque confirmó que existen fondos para iniciar la implementación de las sentencias, precisó que aún no está asegurada la financiación necesaria para ejecutarlas en su totalidad.
