El próximo lunes 29 de septiembre, la Corte Constitucional llevará a cabo una audiencia clave para definir el futuro de las Áreas para la Protección de la Producción de Alimentos (APAS), figura introducida por el Gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro.
Las APAS fueron concebidas como zonas destinadas a garantizar la producción agrícola en distintos puntos del país, siendo La Guajira el primer departamento en contar con una de ellas. Sin embargo, la medida ha despertado controversia en varias regiones, donde alcaldes y gobernadores sostienen que esta normativa vulnera la autonomía territorial consagrada en la Constitución.
El principal argumento de los mandatarios locales es que las APAS trasladan al Ministerio de Agricultura competencias que corresponden exclusivamente a los municipios, como la definición de los usos del suelo. La advertencia es clara: dichas áreas podrían frenar el desarrollo económico local, afectar la vocación productiva de los territorios e incidir en la tenencia de la tierra.
Entre las preocupaciones señaladas está la posibilidad de que los propietarios enfrenten procesos de extinción de dominio agrario si no se ajustan a los cultivos o actividades productivas que establezca el Gobierno central.
La Corte Constitucional analizará estos cuestionamientos en la audiencia convocada para el lunes, en la que se espera la participación de distintos sectores. Lo que está en riesgo es crucial: la decisión del alto tribunal podría redefinir el futuro de la autonomía territorial, alterar de raíz la política agraria y marcar un antes y un después en la relación entre la Nación y los municipios. El fallo podría determinar si los alcaldes mantienen el poder sobre sus tierras o si el control pasa definitivamente a manos del Gobierno central.
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