En la misiva, el jefe del ente acusador advirtió que desde el 2017, 926 personas privadas de la libertad están en las salas de paso de la Fiscalía, cuando estas salas solo tienen capacidad para alojar 686 personas, una situación que “hace imposible efectuar arrestos en varias regiones del país”.
“Pese a los reiterados requerimientos que la Fiscalía ha elevado ante el Inpec desde el año anterior, no se ha obtenido una solución eficaz a esta problemática”, se lee en el documento.
Uno de los casos expuestos por la Fiscalía, ocurrió en el departamento del Cesar, donde una persona estuvo recluida en la sala de paso desde julio del 2015, quedó en libertad en septiembre del 2018 por vencimiento de términos y nunca fue trasladada a un centro penitenciario.
Pero las órdenes de captura no sólo se dejarán de hacer efectivas en La Guajira, también en Atlántico, Bogotá, Cauca, Boyacá, Cesar, Magdalena, Medellín, Norte de Santander, Quindío y Risaralda.
La Fiscalía, además, advirtió que “la permanencia prolongada de reclusos en estos centros de paso ha generado una grave situación de inseguridad y salubridad, que pone en riesgo la integridad de los internos y de los servidores de la entidad.
Una advertencia similar hizo el fiscal en septiembre del año pasado, en que también se frenaron las capturas.
