Un reciente informe internacional ha puesto en evidencia los riesgos que enfrenta la niñez en Colombia debido a la baja edad de consentimiento sexual vigente en el país, establecida en 14 años. La organización Childlight, centro global de datos sobre protección infantil con sede en Escocia y Australia, advierte que esta brecha legal está siendo aprovechada por redes criminales para explotar sexualmente a menores de edad.
El estudio, elaborado por los investigadores Arturo Harker Roa y Kevin Mojica de la Universidad de los Andes, revela que tanto organizaciones locales como internacionales utilizan fachadas legales —como agencias de turismo, modelaje y eventos— para encubrir actividades de explotación. Según los expertos, las víctimas, en su mayoría adolescentes entre 14 y 17 años, a menudo no se perciben como tales debido a manipulaciones emocionales, económicas o afectivas.
Deborah Fry, directora de datos de Childlight, sostuvo que la edad de consentimiento en Colombia resulta alarmante si se compara con estándares internacionales, donde suele fijarse entre los 16 y 18 años. Esta situación, explicó, no solo expone a los menores a riesgos locales, sino también al turismo sexual internacional.
El informe también resalta la relación entre destinos turísticos como Cartagena y Medellín con altos índices de explotación, en algunos casos facilitada por el uso de plataformas de alquiler de viviendas que operan fuera del control estatal. Asimismo, se alerta sobre el incremento de la producción de contenido abusivo en transmisiones en vivo, financiado mediante pagos en efectivo, transferencias y criptomonedas.
Entre las propuestas de Childlight para enfrentar esta problemática se incluyen elevar la edad de consentimiento, fortalecer la legislación acorde a los estándares internacionales, intensificar el monitoreo digital, formar a profesionales en protección infantil y promover un cambio cultural que rechace toda forma de violencia sexual contra menores.
Activistas como Silvia Piceda, sobreviviente de abuso y miembro de la organización ‘Adultxs por los Derechos de la Infancia’, insistieron en que las reformas legales deben ir acompañadas de un cambio social profundo. «Proteger a la infancia es una tarea de toda la comunidad», concluyó el informe.
Actualmente, se teme que las cifras oficiales de violencia sexual infantil en Colombia sean apenas una fracción del problema real, y los expertos advierten que, si no se toman medidas urgentes, la impunidad continuará favoreciendo a los agresores.
