Un grupo de expertos de la ONU expresó su preocupación por la creciente violencia en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, y pidió al Gobierno colombiano que refuerce las medidas de protección para la población civil. En un comunicado conjunto, los especialistas también instaron a los grupos armados ilegales a cesar los ataques que han generado un profundo impacto humanitario.
Según la ONU, el recrudecimiento del conflicto ha generado desplazamientos masivos y confinamientos a una escala no vista en décadas. Se estima que 56.000 personas han abandonado sus hogares, mientras que otras 27.000 permanecen atrapadas en sus comunidades debido a la inseguridad. La violencia se intensificó desde enero, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó una ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC-EP, lo que ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos.
El informe de los expertos denuncia la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual y de género—especialmente contra mujeres y niñas—, trata de personas y reclutamiento de menores en la región. Los firmantes del comunicado subrayaron que estos hechos constituyen graves violaciones al derecho internacional y deben ser investigados, garantizando que los responsables rindan cuentas.
Entre los expertos que suscriben la alerta se encuentran Paula Gaviria, relatora especial para los desplazados internos; Mary Lawlor, relatora para defensores de derechos humanos; y Gehad Madi, relator sobre los derechos de los migrantes.
La ONU hizo un llamado urgente al Gobierno colombiano para que adopte medidas inmediatas de protección a las comunidades afectadas y garantice su seguridad, al tiempo que reiteró su solicitud a los grupos armados para que detengan las agresiones contra la población civil.
