En una audiencia de control político en la Comisión Sexta del Senado, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, se refirió al polémico contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, que buscaba conectar a internet a más de 7.000 colegios en zonas rurales de 15 departamentos del país.
La funcionaria explicó que desde su cartera se vienen tomando las medidas pertinentes, para que la unión temporal responda por los 70.000 millones de pesos que fueron otorgados en un primer adelanto.
“Declaramos el embargo de 21 cuentas bancarias de los integrantes de la UT Centros Poblados; 2 inmuebles y 71 vehículos automotores de propiedad de ICM INGENIEROS SAS. ¡El contratista debe pagar los $70mil millones más los $39mil millones de la penalidad!”, señaló.
Precisó que el pasado 6 de agosto iniciaron la indagación sobre las actuaciones de la fiduciaria, responsable de girar los $70 mil millones que la firma interventora autorizó. Además, enviará copia de la información a la Fiscalía y a la Superintendencia Financiera.
Agregó que, en 40 días, el Ministerio ha tomado 20 acciones frente a la situación presentada con el contratista UT Centros Poblado. “No nos detendremos hasta encontrar y responsabilizar a cada persona o institución involucrada en esta trampa”.
De hecho, anunció que decidieron establecer un nuevo contrato con la empresa que obtuvo el segundo lugar en la licitación para la instalación de los 7.000 colegios: la Unión Temporal ETB NET.
Cabe mencionar que este 27 de agosto será la audiencia por presunto incumplimiento de SES Colombia, firma encargada de la revisión de las pólizas y garantías.
“Hemos tomado todas medidas legales pertinentes en este caso, tal como lo hemos venido haciendo a lo largo del proceso”, apuntó.
