El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, solicitó formalmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizar inspecciones y labores de control sobre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales. La petición se hizo a través de una carta enviada al superintendente Yanod Márquez, en la que se argumenta la necesidad de verificar el cumplimiento normativo y contractual de la entidad para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos.
Esta solicitud surge tras el embargo de cuentas del Gobierno Nacional por orden de un juez, como parte del pago de una millonaria deuda con una de las filiales de EPM en Norte de Santander. El ministro Palma calificó la situación como una “maniobra política y electoral” impulsada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Ante esta medida, Gutiérrez reaccionó en su cuenta de X, acusando al Gobierno de intentar “tomarse” EPM y señalando que el presidente Gustavo Petro “se comporta como un dictador”. Además, convocó a la ciudadanía a defender la empresa pública.
La respuesta del Gobierno no tardó en llegar. Petro señaló que “dictador es el que embarga cuentas de la nación cuando la ley dice que son inembargables”, mientras que Palma afirmó que ninguna empresa está por encima de la Constitución y la ley. La controversia sigue en desarrollo mientras la Superintendencia evalúa la solicitud del Ministerio de Minas y Energía.
