El ministro del Interior, Rodrigo Lara, denunció ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría presuntas irregularidades en contratos por $42.000 millones celebrados en la Dirección Nacional de…
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, denunció ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría presuntas irregularidades en contratos por $42.000 millones celebrados en la Dirección Nacional de Bomberos durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según el funcionario, los procesos estarían relacionados con recursos destinados a atender una emergencia ocasionada por inundaciones en ocho departamentos.
De acuerdo con la denuncia, pese a que el Gobierno había declarado la emergencia en febrero por las afectaciones generadas por un frente frío, que dejó más de 250.000 personas afectadas, de los $42.000 millones contratados en ese contexto solo $313 millones habrían sido destinados directamente a atender la emergencia.
Uno de los contratos bajo revisión corresponde a un acuerdo con la empresa barranquillera MAC Soluciones, cuyo valor habría pasado de $16.000 millones a $24.000 millones tras una adición de $8.000 millones. Lara cuestionó que el contrato se hubiera firmado seis semanas después de declarada la emergencia y que se estableciera un plazo de 90 días para entregar los elementos.
El ministro también señaló posibles inconsistencias en las cantidades recibidas. Según su denuncia, una factura contemplaba 744 equipos, entre trajes para incendios, equipos de respiración y elementos para materiales peligrosos, pero en el almacén habrían ingresado 670, es decir, 74 menos.
Otro de los puntos señalados corresponde a dos actas suscritas el 20 de junio. En una de ellas, la Dirección Nacional de Bomberos habría certificado la recepción a satisfacción de cascos, trajes y equipos de respiración. Sin embargo, según Lara, otro documento firmado ese mismo día establecía que esos mismos elementos permanecerían almacenados en las bodegas del contratista.
Dos días después, el contratista habría presentado una factura por $5.600 millones que, según el ministro, fue pagada durante el periodo electoral. Lara agregó que las facturas de mayor valor fueron emitidas el 22 de junio, un día después de la segunda vuelta presidencial.
El actual Gobierno habría solicitado posteriormente la entrega de los equipos que figuraban como recibidos, pero, según la denuncia de Lara, estos todavía no habrían sido entregados.
El ministro pidió que los organismos de control establezcan el destino de los recursos y que el Consejo Nacional Electoral determine si existió algún vínculo entre el dinero de estos contratos y campañas políticas. Además, anunció que continuarán las auditorías forenses sobre otros procesos que, según sus declaraciones, elevarían a $62.000 millones el monto contratado bajo esquemas similares.
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