, y el ascenso de ocho uniformados más de esa institución que estarían implicados en casos de ‘falsos positivos’.
Para probar la legitimidad del nombramiento de Martínez, el Ministerio presentó certificados que demuestran que el alto oficial no está involucrado en algún proceso penal, fiscal o disciplinario ante los entes de control. Ante la Policía tampoco tiene asuntos pendientes.
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Además, fuentes de la Fiscalía revelaron que el general Martínez no lleva procesos con ese desde el 1 de diciembre de 2016, aunque desconoce que investigaciones tendría antes de esa fecha y que estarían a cargo de la Jurisdicción Especial de Paz.
