Una denuncia conocida por Noticias RCN reveló que el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay había solicitado en repetidas ocasiones mayor protección para realizar sus recorridos por el país, pero sus peticiones fueron rechazadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), pese a que estaba clasificado desde 2023 con nivel de riesgo extraordinario, el más alto en la escala de seguridad.
Según documentos confidenciales, las solicitudes de refuerzo incluyeron la asignación de vehículos y equipos de protección para desplazamientos en al menos dos departamentos. Sin embargo, la UNP se negó a cumplirlas, argumentando que su convenio con el Senado solo cubre los honorarios de los escoltas, sin incluir gastos como viáticos, peajes o combustible.
El informe también revela que dichas solicitudes se realizaron desde finales de 2024, mucho antes del atentado que dejó a Uribe en estado crítico tras recibir dos disparos en Bogotá, el pasado sábado 7 de junio. Se conoció, además, que el equipo del senador había tramitado otras solicitudes de seguridad que aún estaban siendo evaluadas antes del ataque.
La situación ha generado fuertes cuestionamientos hacia la UNP, dado que Uribe contaba con un análisis de seguridad que lo clasificaba como una persona en riesgo extraordinario incluso antes de anunciar oficialmente su candidatura presidencial. Ahora, se abre el debate sobre las posibles omisiones en la protección de figuras públicas que enfrentan amenazas directas.
