La controversia por los abusos sexuales en el jardín infantil Parque El Canadá, en San Cristóbal (Bogotá), sumó un nuevo capítulo tras la denuncia de Margie Espinel, madre de una de las víctimas y vocera de las familias afectadas. Según su testimonio, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, le habría hecho ofrecimientos personales que interpretó como un intento de callar su voz en medio del proceso judicial.
Espinel aseguró que durante una reunión sostenida el pasado 8 de mayo en la sede del ICBF, Cáceres le planteó distintas formas de apoyo por fuera de los canales institucionales, entre ellas la apertura de una cuenta bancaria para recibir transferencias, el pago de su arriendo, un viaje para “darse un respiro” e incluso la posibilidad de trabajar en el instituto. La madre señaló que dichas propuestas fueron indignas y parecían orientadas a “comprar su silencio”. Su pareja, quien estuvo presente en el encuentro, corroboró su versión.
Ante la polémica, Astrid Cáceres negó que se tratara de ofrecimientos ilegales. A través de su cuenta de X, aclaró que el ICBF solo ofreció atención psicosocial, apoyo humanitario y acompañamiento social en medio de la crisis que atraviesan las familias. La funcionaria insistió en que todo quedó consignado en un acta y que en ningún momento se buscó interferir en la decisión de las víctimas de interponer una demanda contra la entidad.
La situación ha generado cuestionamientos éticos y jurídicos sobre la actuación del ICBF, pues para las familias afectadas resulta contradictorio que la misma institución señalada de omisión ofrezca ayudas económicas o laborales en el marco de un caso tan delicado. La denuncia se suma a la indignación pública por la forma en que se ha manejado este proceso, mientras avanza la investigación contra Freddy Castellanos, señalado como presunto responsable de los abusos.
