El Gobierno del presidente Gustavo Petro sancionó esta semana la Ley del Ruido, una normativa que busca mitigar los efectos perjudiciales de la contaminación acústica en el país. La ley, impulsada por el representante Daniel Carvalho y aprobada por el Congreso, ya cuenta con la firma de los ministros y ministras responsables de su implementación.
Los ministerios de Salud, Educación, Ambiente, Vivienda, Transporte, Cultura y Defensa, junto con el Ideam y el Departamento Nacional de Planeación, deberán desarrollar la Política de Calidad Acústica en Colombia en un plazo de 12 meses. Esta política abarcará la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de las medidas para reducir la contaminación sonora en el territorio nacional.
Funciones de cada ministerio
El Ministerio de Ambiente definirá indicadores de calidad acústica, establecerá procedimientos de medición de ruido, creará mapas de ruido y diseñará programas para su mitigación. También fijará niveles de prevención, alerta y emergencia.
Por su parte, el Ministerio de Salud tendrá 18 meses para actualizar la normativa sobre contaminación acústica, garantizando su alineación con estándares de protección de la salud pública. Además, deberá realizar estudios sobre los efectos del ruido y los costos económicos que este genera en el sistema de salud.
El Ministerio de Vivienda, en conjunto con MinAmbiente, tendrá el mismo plazo para expedir lineamientos técnicos sobre confort e aislamiento acústico, normalización y fiscalización de la calidad sonora en edificaciones.
¿Qué implicaciones tiene la Ley del Ruido?
Esta nueva normativa establece herramientas para que las autoridades nacionales y regionales, más allá de la Policía, regulen el ruido proveniente de espacios privados. También contempla estrategias pedagógicas y culturales para generar conciencia ciudadana sobre la contaminación sonora.
Los municipios con más de 100.000 habitantes estarán obligados a desarrollar planes de gestión contra el ruido, adaptados a sus propias condiciones y problemáticas. Asimismo, la ley establece un régimen sancionatorio con multas que oscilan entre dos y 800 salarios mínimos para quienes sobrepasen los niveles permitidos, dependiendo de la magnitud del evento y la cantidad de personas afectadas.
El representante Carvalho, promotor de la iniciativa, explicó que la ley no busca prohibir actividades recreativas, sino evitar que el ruido desmedido afecte la tranquilidad de las comunidades. “No hay problema con una fiesta organizada por un barrio, pero sí con un solo vecino que pone un parlante y altera la calma de todos”, enfatizó.
Con esta ley, el país da un paso hacia el reconocimiento del ruido como un problema de salud pública y ambiental, brindando herramientas concretas para su control y reducción.
