Un juez de la República determinó que el Estado colombiano incurrió en una grave omisión al no garantizar la seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, lo que facilitó el atentado que lo mantiene en cuidados intensivos desde el pasado 7 de junio.
La decisión fue dada a conocer por el abogado del congresista, Víctor Mosquera, quien calificó como “mezquina” la protección brindada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad responsable de su esquema de seguridad. De acuerdo con Mosquera, la protección del político del Centro Democrático fue insuficiente, a pesar de que se habían radicado más de 20 solicitudes para reforzarla a lo largo del año, sin que estas fueran atendidas.
El fallo judicial fue pronunciado en el marco de la audiencia en la que se ordenó la detención de Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, señalado de coordinar el atentado en el que Uribe Turbay fue atacado con arma de fuego durante un acto de precampaña en el barrio Modelia, en Bogotá. En el hecho, recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna izquierda.
Alias El Costeño es el quinto capturado en el caso, que ha reavivado el temor por la violencia política en Colombia, al recordar las trágicas campañas presidenciales de la década del 90. A raíz de estos hechos, la familia del senador presentó una denuncia penal contra la UNP por presunta negligencia en la atención a las múltiples alertas de riesgo.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, reconoció públicamente que el esquema de seguridad de Uribe había sido reducido el mismo día del atentado, pasando de siete a tres escoltas, y pidió esclarecer a fondo las responsabilidades institucionales.
