La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el cierre de los procesos penales contra 15 militares implicados en asesinatos y desapariciones forzadas de 29 personas ocurridos entre 1997 y 2007 en Dabeiba, Antioquia. Según informó el alto tribunal este jueves, la decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, al determinar que los comparecientes no tuvieron una participación determinante en los hechos.
De acuerdo con la JEP, estos uniformados han cumplido con los principios de la Justicia Transicional Restaurativa, que exige el aporte de verdad, la contribución a la reparación de las víctimas y el compromiso de no repetición. En consecuencia, les fue concedido el beneficio de renuncia a la persecución penal, en cumplimiento de lo estipulado en la Constitución y en el Acuerdo Final de Paz.
Los 15 militares, todos retirados, incluyen dos capitanes, dos sargentos primeros y once soldados profesionales, quienes pertenecieron a los Batallones de Contraguerrilla No. 26 y 79, adscritos a la Brigada Móvil 11 del Ejército. Según la JEP, participaron en 14 hechos en los que hubo 29 víctimas.
La medida les permite a los exmilitares reintegrarse plenamente a la sociedad, al tiempo que avanza el proceso de esclarecimiento de los denominados ‘falsos positivos’, casos en los que civiles fueron ejecutados extrajudicialmente y presentados como bajas en combate. La JEP ha documentado 6.402 víctimas de estos crímenes, considerados uno de los episodios más graves del conflicto armado en Colombia.
Actualmente, los comparecientes que no han sido hallados máximos responsables transitan por la Ruta No Sancionatoria de la JEP, mecanismo que les permite definir su situación jurídica mediante aportes de verdad y acciones de reparación.
