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Investigación cuestiona postura de Petro frente a Maduro tras elecciones presidenciales en Venezuela

Un informe elaborado por el Miranda Center for Democracy cuestionó la actuación del entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro, frente a las elecciones presidenciales de Venezuela del 28…

Un informe elaborado por el Miranda Center for Democracy cuestionó la actuación del entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro, frente a las elecciones presidenciales de Venezuela del 28…

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Un informe elaborado por el Miranda Center for Democracy cuestionó la actuación del entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro, frente a las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024 y lo señaló de haber contribuido a reducir la presión internacional contra Nicolás Maduro, luego de que este fuera proclamado ganador de los comicios. El documento sostiene que la postura diplomática del Gobierno colombiano terminó favoreciendo la permanencia del mandatario venezolano en el poder, mediante lo que denomina un “blanqueamiento de la legitimidad de Maduro”.

El análisis, que examina las relaciones entre Bogotá y Caracas desde su restablecimiento en 2022 hasta la operación estadounidense que capturó a Maduro el 3 de enero de 2026, identifica como punto central la reacción de Colombia frente a los resultados electorales. Según el informe, mientras el Consejo Nacional Electoral venezolano interrumpió la transmisión de las actas y su presidente, Elvis Amoroso, anunció la victoria de Maduro con el 51,2 % de los votos sin publicar los documentos oficiales, las copias recopiladas por la oposición daban como ganador a Edmundo González. En ese contexto, los gobiernos de Chile y Brasil solicitaron rápidamente la divulgación de los resultados desglosados, mientras Petro tardó aproximadamente 55 horas en pronunciarse públicamente, hasta el 31 de julio.

Otro de los episodios cuestionados ocurrió ese mismo día durante una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se discutió una resolución para exigir la publicación de las actas electorales. La iniciativa obtuvo 17 de los 18 votos necesarios para ser aprobada, pero Colombia y Brasil se abstuvieron y México no estuvo presente. El informe advierte que el respaldo de cualquiera de los países que se abstuvieron, entre ellos Colombia, habría permitido alcanzar la mayoría requerida.

Posteriormente, durante agosto de 2024, Colombia, Brasil y México modificaron el alcance de sus exigencias diplomáticas: pasaron de solicitar la publicación de los resultados detallados por mesa de votación a promover mecanismos de verificación electoral. Para el centro de investigación, esta evolución, acompañada de llamados al diálogo y la mediación, terminó disminuyendo las consecuencias internacionales que podía enfrentar el Gobierno venezolano por las irregularidades denunciadas. El documento también menciona el discurso pronunciado por Petro ante las Naciones Unidas en septiembre como parte de la secuencia de decisiones analizadas.

El informe identifica tres factores que, a su juicio, influyeron en la relación del Gobierno colombiano con Caracas: las afinidades ideológicas, los intereses energéticos y la política de ‘Paz Total’. Esta última es considerada por los investigadores como el elemento de mayor peso, debido a la relación entre los procesos de negociación del Gobierno colombiano y la presencia de grupos armados ilegales en territorio venezolano.

Asimismo, el Miranda Center for Democracy aclara que sus conclusiones se desprenden de los efectos de las decisiones adoptadas por Bogotá y no de pruebas que demuestren la existencia de un acuerdo o una estrategia deliberada para favorecer a Maduro. De hecho, plantea que pudo tratarse de una predisposición política que se manifestó de manera reiterada en momentos determinantes. También señala que la inestabilidad dentro del equipo diplomático colombiano, que tuvo cuatro cancilleres en menos de tres años, dificultaba la construcción de una estrategia exterior coherente, aunque las decisiones presidenciales mantuvieron una misma orientación.

Finalmente, el documento recuerda que en marzo de 2026 la Fiscalía General de la Nación señaló a la Segunda Marquetalia, grupo armado disidente que tiene presencia y refugio en Venezuela, como presunta responsable intelectual del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Este episodio también fue incluido en el análisis para dimensionar las implicaciones de la relación entre ambos países y los desafíos de seguridad que enfrenta Colombia.

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