El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pronunció con firmeza frente al atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, en el que resultó gravemente herido el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según información preliminar, en el hecho habría estado involucrado un menor de edad, situación que generó la reacción inmediata del organismo de protección infantil.
A través de un comunicado, el ICBF condenó cualquier tipo de reclutamiento, instrumentalización o manipulación de niñas, niños y adolescentes para involucrarlos en situaciones de violencia. La entidad advirtió que este tipo de prácticas constituyen una grave vulneración a los derechos fundamentales de los menores, quienes deben contar con entornos seguros que les permitan un desarrollo integral y libre de riesgos.
“Los menores de edad son sujetos plenos de derechos y gozan de una protección especial y reforzada por parte del Estado, la sociedad y la familia”, recordó la institución, citando el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y lo estipulado en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006).
Además, el ICBF fue enfático en pedir a los medios de comunicación, usuarios de redes sociales y a la ciudadanía en general, abstenerse de difundir datos que permitan identificar al adolescente presuntamente implicado. La ley colombiana prohíbe la divulgación de información que pueda comprometer la seguridad, dignidad o intimidad de un menor, especialmente en casos judiciales en curso.
En respuesta a la situación, el Instituto activó los protocolos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), los cuales contemplan tanto el debido proceso judicial como medidas de acompañamiento para el restablecimiento de derechos. Estas acciones buscan no solo garantizar justicia, sino también brindar protección y oportunidades de reintegración al joven involucrado.
Finalmente, el ICBF hizo un llamado urgente a las autoridades del Estado a fortalecer las estrategias de prevención frente al uso de menores por parte de estructuras criminales o actores violentos. La entidad insistió en la necesidad de tomar medidas integrales que frenen estas dinámicas, recordando que la niñez y la adolescencia deben estar en el centro de toda política pública orientada a la paz, la seguridad y el desarrollo del país.
